De ese modo, el Gobierno descartó a la funcionaria que actualmente ocupa ese cargo, Natalia Céspedes, que, al igual que Penayo Amaya, concursó ante el Consejo de la Magistratura y obtuvo el mejor puntaje.
Un interrogante: “cuál es el criterio”
Cánepa prefiere no inmiscuirse en la cuestión de nombres y reprocha la falta de “claridad” de parte del Ejecutivo en el criterio que utiliza para seleccionar con discrecionalidad qué pliego enviar al Senado para el acuerdo constitucional, situación derivada de la reforma que se hizo en 2022 a la Ley del Consejo de la Magistratura. “Hay una atribución del titular Ejecutivo para seleccionar a un postulante sobre otro. Pero habría que explicar por qué uno sí y otro no. O cuál es el criterio”, planteó.“Con la reforma de la ley, las ternas le llegan al gobernador sin los antecedentes. Entonces, debería existir una base racional, una explicación de por qué se aparta el Ejecutivo del orden de la terna para enviar pliegos al Senado”, señaló.
La “anonimización” del orden de mérito
“Todos esto surge de aquella reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura que se hizo en el año 2022. Ahí hubo un cambio muy importante que tuvo que ver con la anonimización de los órdenes de mérito”, precisó y recordó que “antes al gobernador se le enviaba una terna en donde se le decía en qué orden de mérito había quedado cada postulante, pero además se le decía qué puntaje había sacado cada uno de esos postulantes en cada etapa del concurso”.Por esa razón, sostuvo que “si bien el gobernador tenía la discrecionalidad de moverse dentro de la terna, tener el conocimiento de cuál había sido la performance o el desempeño de cada postulante en el concurso le permitía tomar decisiones con una base racional o razonable”.
“Cuando esto desaparece con la reforma del 2022, cuestión que junto con el Colegio de la Abogacía nosotros criticamos enfáticamente, incluso por escrito ante la Cámara de Diputados, todo esto desaparece y al gobernador le llega una lista de tres nombres para un determinado cargo, pero ya no lo hace sobre una base racional, ya no tiene elementos, digamos, para justificar si se quiere, por qué elige a uno u otro, simplemente lo hace en función de su propia atribución. No conoce los antecedentes de los postulantes, porque no se los ponen a disposición. Eso dice la ley”, señaló.
“Defraudación de las expectativas”
Durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Canepa entiende que ese cambio produjo una especie de “defraudación de las expectativas”. Recordó que cuando se discutió en la Legislatura en 2022 la reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura el actual oficialismo provincial criticó durante esos cambios.“Entonces, dijeron que lo primero que harían cuando asumieran sería dejar sin efecto esos cambios. No sólo que esto no sucedió, sino que han caído en esta suerte de discrecionalidad, no sé cómo llamarlo, en esta suerte de vicio de la propia ley, que ya ha sido utilizada antes”, contó.
Mencionó, también, que el exgobernador Gustavo Bordet “lo hizo cuando designó a los miembros de la Cámara Civil en Paraná. Entonces, tampoco se respetó el orden de mérito, rompiendo con una tradición que venía desde el año 2004 de elegir siempre al primero de la terna. Entonces queda esta sensación de que parece que uno gana el concurso, pero en definitiva no lo gana, porque eligen a otro o a otra”, lamentó.
“Me parece que es momento, incluso hasta para honrar estos compromisos, si se quieren preelectorales del actual Gobierno. Es momento de reglamentar aquella reforma de 2022. Es decir, que exista una reglamentación que le permita al gobernador razonablemente elegir a uno o a otro”, solicitó.
Su lectura de lo que ocurre con Colón
La situación de conflicto en Colón se dio, agregó Cánepa, porque antes se tomó la decisión de respetar la paridad de género en Concordia: había cinco hombres con los mejores puntajes para cubrir cargos de jueces de Garantía, y se decidió incluir una mujer, una fiscal de Concepción del Uruguay, que también había concursado.“Pero esa decisión de tomar una decisión en función del género, rebota en Colón, en donde a quien no se designa es justamente a una funcionaria mujer que había hecho el mejor examen, que había hecho el mejor concurso, que es la persona que estaba en el cargo, y que además también en Colón es necesaria una equidad de género entre todo el funcionario judicial”, sostuvo.
Continuó, luego, explicando lo siguiente: “al no designar a Natalia Céspedes queda una sola jueza en toda la jurisdicción, que es la jueza civil, mientras que el resto de la jurisdicción está integrada por funcionarios y más que todo varones. Entonces fíjese qué paradoja se da, por respetar los valores y el criterio de género en un lado, no se lo hace en el otro, y todo tiene el mismo vicio de origen, que es que ha cambiado este sistema de presentarle al gobernador las ternas y de quitarle una base racional para tomar una decisión”, sostiene.
Un pedido reiterado
El titular de la Asociación de la Magistratura reiteró la necesidad de que “las órdenes de mérito se respeten. Y para el caso de que se tome una decisión diferente del orden de mérito, estas tengan una base racional. Quizá no se elige el primero y se elige el segundo porque tiene el mejor examen. Ahora, si el que salió primero o primera es el que tiene el mejor examen, es el que ha hecho la mejor entrevista y es el que tiene los antecedentes más altos o con mayor calificación, bueno, entonces las razones por las cuales no respetar ese orden de mérito son cada vez menores, bajan”.“Se lo hemos planteado al secretario de Justicia (Martín Acevedo Miño): una de las modificaciones que conversamos en su momento era volver a un sistema en el cual los órdenes de mérito tengan valor, como era al principio, como cuando se creó el Consejo de la Magistratura. Al gobernador se le daba toda la información de cada uno de los que integraban la terna”, comentó.
Finalmente, admitió la existencia la facultad del Gobernador para elegir a un postulante dentro de una terna, “Lo que nosotros criticamos entonces, y vemos que se hizo el año pasado con la Cámara Civil y se vuelve a hacer ahora, tiene que ver con que no hay una base racional para explicar por qué se elige a uno u otro porque el gobernador no conoce los antecedentes ni la performance del concurso de uno u otro postulante. Entonces termina siendo pura discrecionalidad”.
