Aunque la Municipalidad no es parte directa del proceso judicial, Dell’Olio explicó que han mantenido conversaciones tanto formales como informales con las partes involucradas. Estas incluyen a los propietarios de los terrenos en litigio y sus representantes legales. Dell’Olio indicó que, desde el inicio de la actual gestión, se han desarrollado reuniones para explorar alternativas que permitan resolver el conflicto. “Estamos trabajando para evitar esa situación, buscando influir en la resolución”, afirmó el funcionario.
Entre las posibles soluciones, el secretario mencionó la reubicación de las familias afectadas o la adquisición de los terrenos en cuestión. No obstante, aclaró que existen complicaciones, ya que parte de los terrenos está registrada en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), mientras que otra parte permanece en litigio.
“Es necesario delimitar claramente las áreas en disputa y evaluar cómo el municipio puede colaborar”, señaló Dell’Olio. Además, destacó la buena predisposición de las partes para dialogar y encontrar un camino que evite la ejecución del desalojo en la fecha prevista.
El funcionario subrayó que el municipio no tiene legitimación activa ni pasiva en el juicio, lo que restringe su capacidad de intervenir directamente en el proceso judicial. Sin embargo, aseguró que continúan trabajando en alternativas para encaminar el conflicto hacia una solución consensuada.
“Nos animamos a decir que este conflicto no debería concluir con un desalojo en diciembre, pero no podemos adelantarnos a decisiones que dependen exclusivamente de la Justicia”, concluyó Dell’Olio.
