En realidad, el pleito tiene sus peculiaridades por cuanto el extitular de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), José Luis Mazurier, ya condenado en la Justicia a 9 años de cárcel por delitos de corrupción, se presentó en la causa y adujo ser titular del inmueble en cuestión.
En la demanda de desalojo, los codemandados Alberto Jesús Villanueva y la Cooperativa La Tortuga Alegre no se presentaron al pleito ni contestaron la demanda iniciada en su contra, por lo que se los declaró en rebeldía, circunstancia que los dejó sin defensa frente al pedido planteado por el Gobierno provincial. Mientras, Mazurier planteó como defensa que es poseedor del Camping La Totuga Alegre “a título personal”.
Decisión de la Justicia
“Ahora bien, de la prueba ofrecida no surge que este accionado revista tal calidad, pues resulta palmario que comenzó su ocupación del inmueble por ser el presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande y su función como tal era, entre otras, administrar las actividades del lugar, lo que significa que ocupa el inmueble en nombre de otro, sin animus domini, y carece de sustento normativo y fáctico la pretendida intervención del título que denuncia, que no se encuentra demostrada de ningún modo”, señaló el juez Ponce en su resolución.“Entonces, no estando demostrada la posesión alegada, el accionado Luis Alberto Mazurier, en su calidad de `tenedor precario` carece de título que justifique su ocupación del bien cuyo desalojo es pretendido y, por ello, se encuentra alcanzado por la obligación legal de restituirlo a su legítimo propietario”, concluyó el magistrado.
La respuesta de Mazurier
En su presentación, Mazurier hizo saber al juez que “junto al codemandado Villanueva no somos tenedores del bien objeto de este juicio, sino que somos poseedores por lo que se deberá rechazar la acción incoada en mi contra. El carácter de poseedor lo probaremos prima facie con la prueba a rendir, pero surge expresamente de los hechos narrados por la contraria y de la prueba que agrega a estas actuaciones”.A su valor, planteó que “hay que valorar que el acto posesorio que surge nítido del relato y de la medida de constatación es ni más ni menos que el cobrar una entrada (…) a las personas que quieran ingresar al predio La Tortuga Alegre”.
En 2023, la Justicia había condenado al director de diario “El Sol” a nueve años de prisión efectiva por corrupción. Concretamente, se lo encontró culpable del delito de peculado de bienes, en concurso real con los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado de servicios.
Investigación
Mazurier, que condujo la Codesal entre 2005 y febrero de 2016 (durante las gobernaciones de Jorge Busti y de Sergio Urribarri), comenzó a ser investigado el 18 de octubre de 2010. La acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Emiliano Arias, aseguró que el exfuncionario se apoderaba del dinero que se cobraba por canon de ingreso de vehículos, embarcaciones, instalación de carpas, alquiler de parrillas, alquiler de cabañas, alquiler de servicio de Directv y otros emolumentos en La Tortuga Alegre, en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande y en el Camping Las Palmeras, Península Gregorio Soler y Balneario Punta Viracho.También, lo acusó por haber incumplido con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (Codesal). Mediante juicio de desalojo, la Provincia recuperó el camping Las Palmeras, un predio que había sido usurpado en el perilago de Salto Grande, en Concordia. La recuperación del predio se llevó a partir un juicio realizado por la Fiscalía de Estado en favor de la Codesal.
El juicio de desalojo fue necesario debido a que el camping había sido ocupado de manera irregular, al igual que otros predios en la zona del perilago que son administrados por la Corporación. Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, indicó que se están llevando a cabo juicios de desalojo pendientes en otros predios, como el Camping La Tortuga Alegre (ya con sentencia) y el Hotel Ayuí, con el objetivo de asegurar la legalidad y el control institucional en estas áreas, que son fundamentales para el desarrollo de Concordia y sus alrededores.
