El 2 de febrero de 2008 fue nombrada por decreto como agente de servicios auxiliares, por su título de bromatóloga, para cumplir funciones en la División Criminalística de Gualeguaychú.
Su función sería en el laboratorio: dermotest y análisis químicos, entre otras pruebas que correspondían con su formación. Hizo prácticas en el laboratorio de Paraná, pero cuando la trasladaron al sur de la provincia todo cambió.
En la “Ciudad del carnaval” no “contaba con laboratorio, ni instrumental: esporádicamente iba un bioquímico policial a retirar muestras para realizar análisis en su laboratorio particular”.
Según el relato de la mujer, que ahora padece trastornos de ansiedad y depresión (según lo constató la Justicia), fue “obligada” a realizar pericias informáticas, presenciar autopsias y realizar guardias y operativos de seguridad sin formación policial ni contar con uniforme, arma reglamentaria o chaleco antibalas.
Además, denunció un ambiente “machista y hostil”, situaciones de acoso y presuntas represalias por haber sido contratada por decreto y no haber tenido formación policial. También advirtió que dio a conocer su situación a personal judicial que desoyó los alertas y también le ordenaban concretar pericias que ahora son cuestionadas.
Por eso, el Juzgado de Trabajo Nº 1 ordenó a las autoridades a pagar más de 14 millones de pesos de indemnización por los daños sufridos durante su relación laboral, entre 2008 y 2020, cuando presentó una carpeta médica por las afecciones físicas y psíquicas que le produjo cumplir tareas para las que no estaba preparada.
La más grave, según relató, fue presenciar la autopsia de una nena de la misma edad de su hija y con el mismo nombre, para sacar fotos que incorporaron al expediente. Fue ahí, en 2018, que comenzaron sus problemas médicos y el tratamiento psiquiátrico.
“Había sido diagnosticada por sus profesionales tratantes, con estrés post traumático, con cuadro de angustia y sueños recurrentes”, argumentó. También, sinusitis, rinitis y alergia crónica y taquicardia extra ventricular detectada por un cardiólogo.
Horacio José Dargains, su abogado, antes de conocerla y presentar la demanda en la Justicia laboral, había sido el defensor de Nahir Galarza (24), condenada a la pena de prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, su novio de 20 años, asesinado el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.
“¿Cómo voy a sospechar del fiscal o de un perito que trae la Policía? No lo cuestioné porque nunca me imaginé que podría haber algo de estas características”, arguyó le letrado.
Es que antes de representarla, pasaron por sus manos las pericias al teléfono de Fernando, al Facebook de Nahir y las fotos de la escena del crimen. Todas realizadas por la bromatóloga Laiño.
Según consta en la resolución firmada por el juez Luis Javier Frosch, “en diciembre de 2017, por la muerte de Pastorizzo, también llegó a sus manos el celular de la víctima, que tenía bloqueo de huella dactilar y al que no se podía acceder”.
Por orden del fiscal Sergio Rondoni Caffa, la mujer tuvo que ir a la morgue acompañada por el subcomisario Jalil Córdoba. “El fiscal no pudo asistir, era la primera vez que Laiño ingresaba al lugar y veía una persona muerta, tendida en la sala de evisceración”, indicaron.
En ese lugar tuvo que intentar la apertura del teléfono celular con la huella dactilar del cadáver. Luego tuvo que transcribir las conversaciones en redes sociales entre Galarza y Pastorizzo. Declaró en el juicio el 7 de junio de 2018.
“Esto prueba lo que nosotros veníamos sosteniendo. Que Nahir no fue condenada con el debido proceso, no se respetaron los pasos procesales y hay pruebas, como estas, que deberían considerarse inválidas”, insistió Dargains.
¿Beneficia este fallo a Nahir Galarza?
Nahir está presa y cumpliendo condena en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná. El 24 de julio de 2018 fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando.A seis años de ese fallo, la sentencia está a punto de quedar firme de manera definitiva. El procurador Eduardo Casal envió un dictamen a la Corte Suprema de la Nación recomendando que rechace el recurso de “queja” de la defensa.
Resta la resolución del máximo tribunal para resolver qué pasará con su condena. Con este nuevo elemento, la defensa de la joven busca sumar argumentos para cuestionar la pena.
“Esta es una más de las múltiples violencias a las que fue sometida Nahir durante el proceso. Nosotros ya veníamos viendo irregularidades de todo tipo, esta es una más”, manifestó José Ostolaza, abogado de Galarza.
Además, anticipó que entre el lunes y el martes presentarán una “denuncia por violencia institucional” contra la joven. “Nosotros no tuvimos acceso a los teléfonos. Nunca nos dejaron revisarlos, tampoco las redes sociales. Nos decían que sólo podían hacerlo peritos ¿estos peritos eran?”, cuestiona el letrado.
En la misma línea opinó Dargains, que acompañó la defensa de Nahir hasta la Cámara de Casación. “Nosotros pedíamos todo, pruebas, pericias, hacíamos cuestionamientos y no nos hacían lugar a nada. Nahir llegó al juicio condenada, no le dieron oportunidad”, sentenció.
Lo cierto es que el recurso de queja presentado por la condena a Nahir ya está en la Corte Suprema Justicia de la Nación y, si bien la intención de Ostolaza es informar la denuncia respecto del accionar de la Policía provincial en la investigación, dependerá del tribunal superior si lo toman en cuenta o no.
Entre los elementos probatorios considerados para condenar a Galarza, hay una serie de evidencias además de las pericias realizadas por Laiño, por lo que podría no ser determinante.
