“A la fecha, estamos aún recibiendo informes oportunamente requeridos a diferentes organismos, fundamentales para describir cada uno de los hechos que podrían configurar un delito”, respondió el fiscal Juan Sebastián Blanc ante la consulta de El Entre Ríos, comprometiéndose a que “cuando terminemos y dispongamos las citaciones correspondientes, vamos a informar”. Así lo corroboraron desde el mismísimo hospital, donde llevan una carpeta con todos los oficios recibidos desde la Fiscalía en este tiempo de investigación, los cuales se fueron respondiendo oportunamente con datos requeridos -por ejemplo- acerca de qué pacientes se encontraban internados en determinadas fechas.
Fin de la auditoría, inicio del sumario
Una vez desatada la polémica, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reaccionó nombrando una “Comisión Normalizadora Administrativa Contable”, a cargo de un hombre con experiencia en auditorías: Gustavo Rubén Irigoitia, jefe de la División Contabilidad de la Dirección General de Administración. Como parte de sus funciones, la comisión debía informar periódicamente a la cartera sanitaria respecto a las tareas realizadas en el hospital, como así también “cualquier anomalía detectada en el funcionamiento del mismo”. Desde el vamos, un informe preliminar dio cuenta de una diferencia entre los fondos que figuraban en una tanda de recibos y el dinero hallado en la administración, que superaría el millón de pesos.
Asimismo, disponía la realización de un arqueo de caja y bancos e “Informes de Situación Financiera Patrimonial”: esta tarea demandó unos tres meses de trabajo, abarcando solamente el período de tiempo comprendido entre enero de 2020 y junio de este año, cuyo corolario fue un “Informe de auditoría contable” que el equipo liderado por Irigoitia elevó a Salud. En base a ese documento, el ministerio decidió iniciar una “información sumaria” que buscará determinar la responsabilidad en hechos de dos personas vinculadas a la administración: las hermanas Claudia y Lourdes Lugrín, no así sobre quien ejercía en ese momento la dirección del nosocomio, la médica Graciela Ingold. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese trámite? Una verdadera incógnita.
Entretanto, y ante una reciente consulta de las denunciantes, Salud no se expidió sobre la existencia de elementos para denunciar por los años anteriores a 2020, pese a la aparición de supuestos recibos que irían más allá de los tiempos de pandemia.
Mirando hacia adelante
Lo que en 2021 se convirtió en un escándalo en medio de una emergencia sanitaria, posiblemente se vea diluido en los 105 años de historia que tiene el hospital de Villa Elisa, fundado el 25 de mayo de 1916. Con Irigoitia momentáneamente a cargo de la administración y el médico Nahuel Martí en la dirección general -tras la confusa salida de Ingold, a poco de que la denuncia saliera a la luz-, la nueva gestión busca transparentar los manejos internos y mirar hacia adelante de la mano de nuevos proyectos, entretanto el Ministerio Público Fiscal y el de Salud hacen lo suyo.
Un primer paso fue crear una cuenta bancaria para recibir donaciones de pacientes o vecinos que expresaran su voluntad de hacerlo: el CBU puede solicitarse a través del correo electrónico [email protected]. Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde la apertura de esa cuenta bancaria, han sido más las personas que optaron por hacer donaciones en especie, que transferencias de dinero. ¿Desconfianza? ¿Falta de bancarización? ¿Efecto post pandemia? Por su parte, el área de admisión sistematizó el registro de pacientes con cobertura de obra social, con el objeto de facturarles las prestaciones médicas y así percibir los reintegros correspondientes -pese al tiempo que pueda llevar su tramitación y transferencia-, cuyos fondos puedan volcarse en la propia institución y su personal, de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Otras gestiones, como la puesta en funcionamiento de una segunda ambulancia y mejoras en la implementación del Programa “Sumar”, otra fuente de ingresos a través de pacientes sin cobertura social; también forman parte de las conquistas de esta incipiente gestión.
El “exilio” voluntario de la denunciada
Claudia Lugrín ingresó como agente administrativa suplente en 1992, a los dos años pasó a planta permanente y, en 2007, fue designada administradora del hospital (Categoría Nº 2 - Carrera Administrativa - Escalafón General). Al trascender la denuncia en su contra, habría acordado -informalmente- una licencia por vacaciones en base a unos días que tenía a favor, a pedido del Ministerio de Salud.
Transcurrido ese tiempo, debía regresar a trabajar al nosocomio, pero ya sin el cargo de administradora que ostentaba previo al escándalo: momentáneamente, y mientras se desarrollara tanto la investigación de Fiscalía como la auditoría de Salud, fue separada de su puesto, aunque conservando su categoría. No obstante, decidió solicitar su traslado a otro efector público del Departamento Colón -que funciona en la ciudad cabecera-, donde actualmente se desempeña como empleada administrativa, siempre bajo la órbita de la cartera provincial, a la espera de una resolución de la “información sumaria” que se le sigue.
