“Todos andan haciendo cuentas de cómo vamos a votar en el recinto y se olvidan que antes el oficialismo va a necesitar reunir las firmas para tener dictamen en las comisiones; se están comiendo el postre antes que la ensalada y pueden terminar atragantados”, comenta, con una leve sonrisa en sus labios, un legislador de mil batallas parlamentarias que, aunque resulte paradójico, está dispuesto a votar los proyectos sin tocarles una coma.
El dato que apunta este veterano legislador no es menor. Necesitada de armar una mayoría que le permitiera poner en funcionamiento el Senado y torcerle al brazo a un kirchnerismo que, aunque derrotado, sigue siendo una poderosa primera minoría de 33 senadores; la vicepresidenta estableció un acuerdo que le entregó a los bloques de la oposición dialoguista la presidencia de algunas y lugares preponderantes en todas las comisiones. Tanto es así que sin el apoyo de esos legisladores, el oficialismo no tiene chance alguna de imponer un dictamen.
Es en este complejo damero en el que se jugará la partida en el Senado del trámite legislativo de los proyectos más deseados por el gobierno de Javier Milei y en donde cobra particular relevancia la presencia de varios senadores que, con su firma, podrían inclinar el fiel de la balanza.
Los proyectos ingresaron al Senado en la noche del jueves. El de Ley Bases fue girado a las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Esta última tendrá, a su vez, la misión de dictaminar en soledad sobre la reforma fiscal.
Por lo pronto, el primer nombre que salta a la vista cuando se mira la lista de integrantes es el del radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que figura como miembro de las tres comisiones. No es un buen indicio para el oficialismo. El fueguino se ha comportado como un auténtico “radical libre”.
Sin un gobernador al que obedecer, Blanco es libre de jugar según el momento político y sus convicciones, aún cuando ha dado muestras de conducta partidaria y casi siempre vota con el resto de su bancada. Pero en su caso, las últimas señales no son positivas para el Gobierno. El fueguino es uno de los tres radicales que firmaron el pedido de sesión especial para tratar el aumento del financiamiento para las universidades nacionales.
Hay otros nombres que también se repiten. Con participación en dos comisiones, aparecen senadores que tienen antecedentes que los ubican como críticos de algunos de los tópicos más importantes de la Ley Bases y de las medidas fiscales.
Es el caso de Lucila Crexell (Neuquén), que integra Legislación General y Asuntos Constitucionales. La exintegrante de Juntos por el Cambio, hoy aliada al gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, tiene antecedentes de ser una férrea defensora de la función legislativa y de contralor del Congreso y ya ha rechazado anteriores pedidos de delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Tampoco es muy amiga de los blanqueos, como el que contiene la reforma fiscal, a los que tampoco apoyó en otras oportunidades.
También en dos comisiones aparece Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital). Encuadrada en la línea interna de Horacio Rodríguez Larreta, la senadora porteña se mostró dialoguista, aunque más para arrebatarle al kirchnerismo el control de la Cámara alta que por simpatía con la administración de Milei. Ahora llegó un punto de inflexión para la legisladora, que mira con lupa el capítulo del blanqueo de capitales, el que le parece muy amplio y generoso. Ocupa una poltrona en Legislación General y en Presupuesto y Hacienda.
Son las mismas comisiones de las que es miembro Martín Lousteau. El presidente del Comité Nacional de la UCR juega un partido aparte con el Gobierno nacional desde que Milei y las cuentas libertarias de la red social X decidieron tomarlo como blanco de sus críticas más feroces. Eso no implica un voto automático en contra del senador por la Capital, pero en ambos proyectos hay varios puntos que podrían llevarlo a reclamar modificaciones a cambio de estampar su firma en el dictamen que le permita a los textos avanzar a su discusión en el recinto. Además, el porteño también pidió una sesión especial para discutir aumentar el presupuesto de las universidades.
También con firma en dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, aparece el radical catamarqueño Flavio Fama. Hombre de bajo perfil, su condición de exrector universitario lo ubica en las antípodas del Gobierno nacional en la pulseada por los fondos para las casas de altos estudios. Por otra parte, es oposición en su provincia, por lo que no tiene la presión de un gobernador exigiéndole su voto.
Otro senador al que deberán prestar atención los negociadores del Gobierno es el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal). “Este peronista díscolo, que se separó hace año y medio del bloque kirchnerista junto al correntino Carlos Espínola, ya demostró que no está dispuesto a canjear su voto por la presidencia de Asuntos Constitucionales, que ostenta desde enero último, y ayudó a constituir la mayoría que rechazó en el Senado el DNU 70/23. Integra, además, la comisión de Legislación General y está en contra de la restitución de Ganancias”, resalta el periodista de La Nación, Gustavo Ybarra.
En un escenario en el que una firma podría obligar a cambiar uno o más artículos, también son para tener en cuenta las presencias de Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires) y de José María Carambia (Por Santa Cruz) en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente. El radical tiene juego propio y ya pidió que su bloque convoque a los gobernadores del partido para que brinden explicaciones de las causas por las que apoyan los proyectos. El patagónico, por su parte, juega en tándem con el gobernador Claudio Vidal y prometió votar en contra de todo lo que impulsa el Gobierno en represalia por la quita de financiamiento nacional a las obras de la represas sobre el Río Santa Cruz.
