Por qué sería difícil de aplicar
Martín Santana aseguró que la propuesta del Centro de Industria, Servicios y Comercio de Concordia (CCISC) “podría darse”, pero aclaró que “hay que modificar una cantidad importante de leyes y ponerse de acuerdo a nivel nacional, primero que nada, sobre cómo se va a llevar adelante la regulación del sistema eléctrico en cada una de las provincias”.En relación a esto, explicó que “la Nación delega a las provincias la concesión del sistema eléctrico dentro de la misma y la creación oportuna de los entes reguladores”, como en el caso de Entre Ríos con el “Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE)”; por lo que “si se cambia en una provincia, habría que modificar una serie de normas para establecer cómo se hará y, en el caso de la nuestra, el EPRE deberá establecer los mecanismos para poder implementarlo”.
Aún así, consideró que “si bien es una idea que podría ser llevada adelante cuidando algunas cuestiones en cuanto a la práctica, lo veo como una concreción bastante difícil”, dado que “el EPRE, con las audiencias que deben realizarse en forma quinquenal, debe determinar para ese periodo cuáles son los porcentajes que se deben aplicar, teniendo en cuenta todas las variables como el aumento de precios tanto de insumos como de la energía propiamente dicha, además de todas las otras discusiones, porque forman parte de los costos que cada una de las distribuidoras tienen”, con el objetivo de que “cada una de las distribuidoras pueda determinar su propio precio”.
Asimismo, Santana subrayó que “esto tampoco llevaría directamente a una baja del precio, porque cada una de las distribuidoras, primero, no depende del precio de la energía que paga, sino que lo determina la secretaría de Energía de la Nación, que de hecho ahora hizo algunas modificaciones respecto con la quita de subsidios y con el aumento del costo de la energía”.
Por otro lado, apuntó que “cada una de las distribuidoras tiene que determinar su costo y eso trasladarlo al precio”, por lo que “allí hay que ver los distintos formatos jurídicos de las prestadoras, porque tenemos algunas que son en formato cooperativa, otras en formato persona jurídica como una sociedad anónima y las distribuidoras estatales”.
Santana concluyó al señalar que “no sería sencillo llevarlo a la práctica desde el momento en el que esta variedad de aplicaciones conllevaría el dictado de una cantidad de normas para establecer parámetros y que después estas concesiones que tiene cada una de las distribuidoras de la provincia puedan aplicarla de manera correcta”.
