La noticia daba cuenta, de manera muy escueta, de un encuentro entre el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, e integrantes de las carteras de Justicia y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, con quienes “evaluó los planteos que involucran a la provincia en sede supranacional”.
Pero, ¿cuáles serían esos “planteos que involucran a la provincia en sede supranacional”? ¿Acaso el Estado entrerriano ha recibido reproches desde organismos internacionales que velan por el cumplimiento de estándares jurídicos respecto de la protección de los derechos humanos y al funcionamiento del poder Judicial?
Fuentes confiables revelaron a El Entre Ríos que la provincia registra al menos una decena de planteos en su contra recibidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
Los cuestionamientos apuntan a acciones que tuvieron lugar en anteriores gestiones de gobierno. Es una indeseada “herencia” para el actual gobierno, que tendrá que responder internacionalmente por supuestas violaciones a derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica, en su mayoría acaecidos varios años atrás.
Los entendidos en la materia aseguran que la sustanciación de cualquier causa en la CIDH conlleva trámites engorrosos y muy extensos. Es frecuente que entre el momento en que un ciudadano que se sintió afectado presenta la denuncia contra el Estado entrerriano y el trámite mediante el cual se le corre vista al denunciado pasan años.
Si la Comisión Interamericana considera admisible el planteo, el paso siguiente es que la Corte Interamericana defina el tema.
En off, en el actual gobierno provincial han dejado trascender críticas a sus predecesores, porque habrían sido puestos en conocimiento de esas denuncias ante la CIDH pero "no hicieron nada e incluso no informaron al respecto".
La Cancillería tiene un rol clave porque es el órgano que representa a la Argentina ante el sistema interamericano. Ello en razón de que en el plano internacional la responsabilidad la asume el Estado Nacional y no las provincias.
Un caso emblemático de incumplimientos de Entre Ríos que derivaron en una condena contra Argentina es el de Leonardo Fornerón, cuya hija fue dada en adopción sin su consentimiento en el año 2000.
18 años después, el 28 de noviembre de 2018, dándole un cierre a la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “el cumplimiento total” de medidas de reparación dispuestas oportunamente. Entre ellas, la implementación de un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la provincia de Entre Ríos.
El denominado “caso Fornerón” se originó con la adopción de una niña otorgada en 2000 en Entre Ríos, luego de que su madre la entregara a un matrimonio después del parto. La pareja se quedó con la beba y tramitó la tenencia en la justicia entrerriana. Leonardo Fornerón, padre de la criatura, en junio de 2000, inició una lucha judicial para recuperar a su hija, entregada sin su consentimiento.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 emitió su primera sentencia considerando que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso de re vinculación entre Fornerón y la menor.
¿Habrá algún otro “caso Fornerón” en esa decena de planteos contra Entre Ríos formulados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? “Habrá que pelear los casos para tratar de evitar que no lleguen a la Corte. No todas las denuncias prosperan”, explicó un profesional del derecho que ha tramitado ante el organismo de la OEA.
