Declaró por espacio de dos horas. No aceptó preguntas de los fiscales por recomendación de su abogado, Miguel Cullen. Arrancó angustiado y terminó tranquilo. Pidió “prudencia al Ministerio Público Fiscal (MPF) y que ejerzan el poder que tienen de la mejor manera”. Recordó cuando entró a la administración pública. “No pensaba estar en una situación como la de hoy, de estar imputado por hacer mi trabajo”, se defendió. “Pasaron varios años desde la primera vez que fui a Fiscalía. Y estoy satisfecho de estar acá y dar las explicaciones del caso”, acotó. Mencionó a sus padres y su juventud: “Lucharon por darme educación universitaria. Me enseñaron la cultura del trabajo. Cuando me imputaron, pensé en ellos”.
Contó que el 1º de octubre de 2003 entró a trabajar en el Tribunal de Cuentas. “Los primeros días de enero de 2005 fui convocado al Ministerio de Salud. Pero por cuestiones políticas no se firmó el decreto designándome. En 2006 me recomendaron al licenciado Jorge Kerz, que estaba a cargo del Consejo General de Educación”, dijo. Agregó que el 8 de diciembre de 2011, estando en el Club Paracao, recibió “un llamado del ministro de Gobierno y Justicia, el contador Adán Bahl, que se había estado reunido con el gobernador Sergio Urribarri y Sigrid Kunath porque habían pensado en mí para quedar a cargo de director de Administración de la Gobernación. Pedí 24 horas para hablar con mi familia y respondí que sí. El 10 de diciembre pasado cumplí diez años en esa función. Fui el que más duró en el cargo desde que llegó la democracia”.
Después se refirió puntualmente a la Cumbre del Mercosur y la difusión de los spots publicitarios. En varios tramos, mencionó a su compañero fallecido en octubre último, cuando ya había iniciado el juicio, Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur. “Hoy debe hacer unos siete años que se hizo la cumbre. Cuando la hicimos no había en Paraná un catering de cantidad y calidad para las personas que recibíamos. Tuvimos que contratar uno de Rosario”, acotó, en referencia a la complejidad de las actividades de gobierno. “Esto no ha sido gratuito para mí, me ha perjudicado. Pido prudencia al MPF, y que sepan ejercer de la mejor manera el poder que tienen”, reclamó y afirmó: “Si mi delito fue hacer este expediente, hay mucha gente que también participó. Fuimos 20 ó 30 personas que trabajamos para que la cumbre salga perfecta”.
Recordó que una mañana lo llamó Céspedes y le dijo que se debían publicar “unos spots de actos de gobierno que daban cimiento a por qué Paraná había sido elegida como sede para la cumbre. Hugo me dijo que consultemos a los tres organismos de control y los tres organismos nos dieron la aceptación”. Comparó las piezas publicitarias con “spots del dengue o la pandemia” y remarcó que no tuvo ninguna posibilidad de evaluar y discutir el contenido de los mismos.
Subrayó que tenían la facultad de realizar contrataciones directas y aún así decidieron “hacer un llamado a concurso”, a partir del cual resultó adjudicada la empresa Nelly Entretaiment de Jorge “Corcho” Rodríguez, que obtuvo una suspensión del proceso a prueba en 2018. Después leyó documentos y resoluciones emitidas en el marco de la cumbre. “A raíz de las certificaciones se pagó menos de lo acordado, porque no se cumplió con todo. Había 31 más de millones de pesos para la difusión de los cuatro spots. Como no se certificó todo, se pagaron más de 28 millones”, aseguró.
Pidió disculpas por no poder estar en todas las audiencias. “Mi trabajo no me lo permite”, acotó. Se definió como “un servidor público”. “He cooperado con el MPF que me solicitó varios de los expedientes. Tuvimos que poner a tres personas a trabajar en las rendiciones porque cuando se paga una publicidad, se hace un legajo de caja que va por día, por Dirección de Administración y se archiva por diez años. Ante el pedido del MPF, pusimos tres personas a buscar cada expediente y digitalizarlo. Es un aporte a la gestión y a la lucha contra la corrupción, en pos de mejorar el servicio administrativo”, sostuvo y concluyó: “Desde 2015-2016, el auditor del Tribunal de Cuentas nos hizo pedidos por oficio y respondimos todo. Esa es toda mi verdad y será justicia”. Aunque ahí no terminó su declaración, porque continuó preguntándole Cullen y los defensores del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz.
Los letrados requirieron aclaraciones sobre puntos que Tórtul ya había desarrollado. De modo que volvió sobre el pago por la difusión de los spots, el control de los expedientes administrativos, la invitación de empresas para cotizar, la imposibilidad de observar el contenido de los spots, la actuación del Tribunal de Cuentas y las rendiciones que debieron hacer después de la Cumbre. “Teníamos que hacer tres rendiciones: una al presidente de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados; a Cancillería y al Tribunal de Cuentas”.
