De acuerdo a un reporte difundido el pasado sábado 1º de junio por el Observatorio de feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” dirigido por la Casa del Encuentro, nuestro país registró 127 víctimas de violencia de género en los primeros cinco meses de 2024.
Desde el primer día del año hasta el 31 de mayo, se perpetraron femicidios, tres lesbicidios, un trans/travesticidio y nueve feminicidios vinculados de varones adultos y niños, según el documento de la organización no gubernamental.
Como consecuencia, 124 hijos quedaron sin madre, el 63% de ellos menores de edad. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su propio hogar, el cual es muchas veces compartido con el agresor, dado que 58% de las víctimas fue asesinada en su hogar y 56% por parejas o exparejas.
A propósito de esta fecha, es esencial hablar de uno de los casos más atroces que sacudió a la provincia de Entre Ríos: Micaela García, una joven oriunda de la ciudad de Gualeguay, de 21 años de edad, militante del Movimiento Evita y también de “Ni Una Menos”. El hecho causó tal conmoción en el país, sumado a la violencia institucional que se hizo visible durante el contexto de las movilizaciones y debates emergentes como resultado de las luchas sociales y cambios socioculturales, que dio voz a nuevos reclamos que exigían cambios en el sector institucional, que priorizaran la necesidad de capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado y a todos los funcionarios que lo conforman en sus distintos niveles y jerarquías.
El caso de Micaela García
En la noche del viernes 1° de abril de 2016 estuvo en una fiesta en el boliche King, de Gualeguay. Salió de allí sola con destino al departamento donde vivía. A las 5.23 del sábado envió el último mensaje a su novio, que estaba en Concepción del Uruguay, donde vivía, para contarle que ya estaba regresando a su casa.Hay grabaciones de cámaras de seguridad de casas y comercios que, puestas a disposición de la justicia, permitieron reconstruir parte del recorrido de Micaela. Las filmaciones captaron también la imagen de un Renault 18, color verde claro, que se trasladaba muy lento y en forma sospechosa.
Los investigadores centraron la atención en ese vehículo y descubrieron que era de Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que estuvo preso por dos violaciones, y que tenía salidas autorizadas desde enero de 2016. Wagner se convirtió así en el principal sospechoso y comenzó a ser buscado.
Con el correr de las horas, quedó claro que estaba prófugo y se lanzó un pedido de captura internacional. Antes de abandonar Gualeguay, el sospechoso dejó su auto en un lavadero en el que trabajaba. Fuentes policiales y judiciales dijeron a La Nación que, por algunas escuchas telefónicas, se pudo establecer que Wagner salió el domingo de Gualeguay, y que en la ruta nacional 12 abordó un camión que lo trasladó hasta la provincia de Buenos Aires.
Wagner fue detenido en Moreno, luego de que su madre y su hermano menor aparecieron en una comisaría momentos después de que él regresara a la vivienda. Ya habían sido arrestados su padrastro y el dueño del lavadero en el que trabajaba como supuestos cómplices en su escape. Sin embargo, el camino para Wagner ya parecía cerrado antes que la comisión policial irrumpiese en la casilla de madera en la que se ocultaba.
El 17 de octubre, los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner a prisión perpetua por el delito “Abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género”. También sentenciaron a cinco años por “Encubrimiento” a su expatrón, Néstor Pavón. El hijo de la expareja de Wagner, Ignacio Otero, fue absuelto, pero -según el condenado- también violó y fue quien ahorcó a Micaela.
La condena a Wagner conllevó a otra gran polémica. El asesino debió haber estado preso, convicto por la violación de dos chicas, cuando la joven se cruzó en su camino. Estaba en la calle gracias a que el juez de Ejecución Carlos Rossi le otorgó el beneficio de la libertad condicional, a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban.
En diciembre de 2017 Rossi fue suspendido en sus funciones por mal ejercicio, pero volvió a su puesto tiempo después.
La sanción de la ley
La iniciativa fue aprobada en Diputados el 19 de diciembre de 2018, obteniendo 171 votos a favor y uno en contra (Alfredo Olmedo), cuando el entonces oficialismo tuvo que acceder a incorporar el proyecto en una sesión extraordinaria, aunque había sido presentado en 2017 y contaba con dictamen de comisión desde hacía meses.La ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, con el fin de que en estos ámbitos públicos, los femicidios sean tratados con cuidado, respeto y objetividad para respetar a las víctimas. Era el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad quien difundía en su página web el grado de cumplimiento de cada uno de los organismos públicos.
Las capacitaciones son organizadas por las máximas autoridades de los organismos públicos y las organizaciones sindicales correspondientes. Si en esos organismos existen áreas, programas u oficinas de género, las autoridades pueden contar con su colaboración para organizar y cumplir con las formaciones. Los entes públicos pueden hacer adaptaciones de materiales o programas existentes o desarrollar un programa propio; siempre cumpliendo la normativa, recomendaciones y otras disposiciones de los organismos que fiscalizan el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre género y violencia contra las mujeres firmadas por Argentina. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad certificaba la calidad de las capacitaciones elaboradas.
Según la ley, todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda. Asimismo, los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La Ley Micaela es tan solo uno de los tantos derechos adquiridos durante el crecimiento del movimiento feminista y aún queda un vasto camino para recorrer; niñas y niños que están naciendo o que nacerán en hogares violentos, mujeres que no tienen las herramientas emocionales o económicas para salir de relaciones violentas y otras que no han podido salir y que hoy sus nombres integran el amplio legajo de femicidios. La educación no solo es un sistema sino un botón para evitar cualquier catástrofe y la perspectiva de género no es una excepción de ello.
Sin embargo, la ley debe sostenerse con el cumplimiento del deber de las autoridades y con el despertar en la consciencia de un país que aún sigue alimentándose de las vísceras del machismo.
