Como abogados y abogadas que diariamente ejercemos nuestra profesión en la búsqueda incesante de un servicio de justicia que se ajuste a los principios republicanos y a la libertad de poderes que caracterizan el Estado democrático de todos y todas, no podemos dejar de advertir que las expresiones individuales de quienes justamente ejercen la función pública, deben ajustarse necesariamente a garantizar aquel equilibrio, permitiendo que cada poder ejerza su función en forma totalmente independiente, ya que de lo contrario de nada vale enarbolar la bandera de la democracia, si no se cumple el principio básico que nos caracteriza como Republica, resultando en consecuencia una palabra carente de contenido.
No nos debe importar jamás quien o quienes se sientan en el banquillo de los acusados, ni por nombre, ni por trayectoria, y ni aun siendo un héroe de la Patria.
En un proceso judicial no son estas las conductas en análisis y juzgamiento, sino la comisión de un delito o no, y eso es lo único que debe importar a la hora de postular nuestra opinión como abogados y abogadas, máxime cuando se trata de un proceso judicial todavía en trámite y sin sentencia firme.
Los profesionales del derecho tenemos aún una responsabilidad mayor cuando de opinar se trata. No nos olvidemos de aquel juramento que hicimos cuando ingresamos al foro profesional; el de permanecer siempre en la lucha por la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos, pero respetando a rajatabla el debido proceso judicial, reservada justamente al Poder Judicial y ejercitar allí todos y cada uno de los recursos técnicos, defensas y acciones para los que nos preparamos.
De allí que pretender sortear ese camino a través de arengas callejeras, inclusive incitando a un eventual levantamiento popular en contra del regular funcionamiento de un Poder del Estado, no solo constituye una irresponsabilidad institucional de suma gravedad sino un precedente peligroso y de consecuencias impredecibles para las nuevas generaciones que finalmente verán que de nada sirve acudir a la justicia para debatir y sustanciar nuestros problemas, sino mas bien, ejercer ese derecho por mano propia.
Ese será el día que fracasemos definitivamente como ciudadanos y, sobre todo, como auxiliares del derecho.
Es nuestra responsabilidad como autoridades de esta Seccional advertir a la sociedad toda y especialmente a nuestros colegiados que desistamos de esta conducta que en nada beneficia a la paz social y convivencia democrática que tanto nos costó conseguir.
Comisión Directiva
Colegio de la Abogacía
Seccional Concordia
