La emergencia en materia de seguridad alimentaria regirá en Entre Ríos hasta el 31 de diciembre. Habilita las compras y contrataciones directas y “procedimientos administrativos expeditivos para la adquisición oportuna de alimentos, insumos y enseres necesarios para la elaboración”, según el texto de la iniciativa.
También dispone un incremento en los créditos y partidas presupuestarias vigentes de un 50 por ciento mínimo y la creación de una Mesa de Diálogo Social en ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano. Algunas de sus funciones serán el análisis y diagnóstico de la realidad alimentaria provincial, la formulación de propuestas y la firma de convenios de cooperación.
El 15 de febrero, ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio había anticipado el impulso a un proyecto de esta naturaleza. “Encontramos una desinteligencia inconcebible en un tema que no puede esperar: la asistencia alimentaria a cientos de familias. Los módulos alimentarios que encontramos sólo alcanzaban para dos meses y medio, cuando los procesos licitatorios duran entre seis y ocho meses en la provincia”, cuestionó el mandatario.
Al estado en el que se halló la cartera aludieron durante el debate los diputados oficialistas Bruno Sarubi y Carolina Streitemberger. Del bloque de JxER hicieron uso de la palabra también Julia Calleros y Fabián Rogel.
Desde la bancada del PJ, su presidenta, Laura Stratta, consideró “urgente” la aprobación de la iniciativa, mencionó otro proyecto sobre el tema presentado por su bloque y pidió conocer “resultados” de las emergencias aprobadas. También expresaron su respaldo Lorena Arrozogaray y Silvia Moreno.
Hablaron también en la sesión los libertarios Roque Fleitas (LLA) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), quien pidió controles al haber detectado irregularidades en la asistencia alimentaria en el marco de su trabajo territorial.
Tras la sesión Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), sostuvo: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo y está muy ligada al derecho a la vida y a la dignidad humana. Al mismo tiempo, la inflación es un flagelo que nos atraviesa a todos, que daña fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Fue del 20,6% en enero y 254% interanual, el índice más alto de los últimos 33 años”.
Sarubi explicó que cuando asumió el actual gobierno provincial encontró 20.000 módulos alimentarios y ningún proceso licitatorio abierto, siendo que en 2023 la demanda había sido de 107.000 módulos. Agregó que las licitaciones demoran por lo menos seis meses, lo cual hace que fracasen debido al aumento de precios.
