* Un aumento para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 igual al índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) del mes inmediato anterior, calculado sobre los salarios del mes de junio de 2024.
* Dos pagos de 3,275 % con los salarios de septiembre y octubre de 2024 calculados sobre los salarios de junio de 2024, en virtud de compensar pérdidas ocurridas en el primer semestre por la caída del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el desfase producido entre pautas e inflación.
* Una cláusula de garantía para que al final del semestre, evaluado el IPC del mismo, se aplique el pago de la diferencia con haberes de enero de 2025.
* Una cláusula que garantiza que el salario mínimo de bolsillo para un maestro de grado tendrá un piso de un 10% por encima de la canasta básica alimentaria para un hogar de cuatro integrantes que publica mensualmente el Indec, tomando para referencia el valor arrojado en el mes inmediato anterior. Hoy la canasta básica total que mide línea de pobreza está en $939.887; el básico docente ronda los $450 mil.
* Un aumento del tope en el Código 029 para cubrir hasta 80 kilómetros en la distancia de traslado. Hoy ese adicional que reciben aquellos docentes que deben trasladarse de una ciudad a otra tiene un tope de 60 kilómetros.
* La propuesta presentada hoy impactará en los haberes de las y los trabajadores activos y jubilados.
Además, el Gobierno comunicó que -con los haberes de septiembre- devolverá los días descontados por huelga durante el mes de agosto. “En este punto sostuvimos nuevamente ante la jueza nuestra postura de que dichos descuentos nunca debieron realizarse y que, además, no son parte de la negociación ni condicionante para aceptar o rechazar la propuesta”, analizó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
El gremio consideró que “lo manifestado formalmente hoy por el Gobierno se enmarca en lo demandado por Agmer, en cuanto a las formas y criterios, abarcando tanto a trabajadoras y trabajadores activos como jubilados, por lo que se dispone someterla al análisis y valoración de la docencia entrerriana. Serán las voces de cada trabajadora y trabajador de la educación de esta provincia las que manifestarán si esta oferta está en condiciones de aprobarse o no”.
