El RIGI fue creado para incentivar inversiones superiores a los doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000), y ofrece un marco de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años.
La normativa entrerriana crea en la provincia el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que alcanza a distintas actividades, con beneficios del 100 por ciento en el impuesto al sello y Tasas retributivas de servicios. La vigencia de la ley será de 15 años, con posibilidad de extenderse cinco años más.
Por una moción de la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), se adelantó el tratamiento de este tema, en una sesión que contó con la presencia en el recinto de sectores que se oponen a la ley. “Es importante seducir a los inversores, no solamente a las grandes empresas. Es la única forma de generar empleo genuino. Necesitamos tener una provincia próspera”, dijo el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos).
Sarubi destacó como buen antecedente la Ley de Promoción Industrial. “No somos refundadores, venimos a continuar las cosas que están bien hechas”, dijo. Según el diputado, que contrastó las afirmaciones del ambientalismo, “es mentira lo que dicen varios sectores” y la norma no traerá consecuencias negativas.
La postura del PJ
“¿Por qué nos oponemos al RIGI? Los regímenes de inversiones nunca tienen los beneficios extraordinarios que le ha dado el gobierno nacional y al cual el gobierno provincial quiere adherir”, dijo por su parte Juan Jose Bahillo (Más para Entre Ríos).“Nunca se ha visto un régimen con tantas prerrogativas, con 30 años, y si en ese plazo alguien pretende cambiar resulta que no se pueden tocar, hay una irreversibilidad en la norma. Hay que ir al CIADI, y todos saben que cuando vamos perdemos, y sale perdiendo el país”, agregó.
Para Bahillo, si ese crecimiento no es acompañado de inclusión laboral, no es desarrollo. “Si es sólo crecimiento económico se generan más asimetrías en la sociedad”, consideró, mencionando que habrá una primarización de la economía.
Qué dijeron los libertarios
La diputada libertaria Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) dijo que no le “queda en claro” la ley, que se había quedado en convocar a empresarios a las reuniones de comisión para hacer aportes. A pesar de haber llegado a la Cámara con la lista libertaria, la legisladora se mostró crítica de esta herramienta impulsada por el gobierno de Javier Milei.“Me da un poco de temor que esto no se va a estar reglamentando debidamente. No se están cuidando a los empresarios que tenemos. Están pasando una situación muy mala. El comercio en sí está pasando una situación muy mala. En este proyecto de ley no voy a estar acompañando al gobierno provincial“, resaltó.
Carlos Damasco (Fe y Libertad), autor del primer proyecto de adhesión al RIGI, se mostró crítico de que no se haya agregado al proyecto algún rechazo a pautas ambientales que se podrían vulnerar, por eso adelantó también su oposición a la norma.
Roque Fleitas (La Libertad Avanza), en tanto, justificó su acompañamiento. “Me sorprende que el diputado preopinante presentó un proyecto al respecto. En la comisión quedó en claro que los recursos naturales no iban a ser afectados”, dijo en relación a Damasco. Fleitas fue crítico de quienes se oponen a la ley y dijo que “la democracia es respetar la voluntad del pueblo, que fue expresada en las urnas a nivel nacional y provincial”.
“Dentro de cuatro años tendrán la opción a volver a esas políticas que nos han llevado a la decadencia”, dijo en algunos pasajes donde fue abucheado por quienes presenciaban el debate en el recinto.
Julia Calleros, que comparte el bloque con Damasco, también se opuso: “Sigo apostando al gobierno nacional y provincial, pero no puedo darles la espalda a los que confiaron en mí. Debemos luchar por los pequeños productores, por el trabajo. Por tal motivo, no voy a ser una piedra en el camino para el gobierno, pero tengo mis principios. Mi voto es negativo”, dijo.
