Según las fuentes oficiales del Ministerio de Gobierno, la situación en Entre Ríos es de tranquilidad. Reforzando esta postura, el Jefe de Ceremonial y Protocolo de la fuerza, comisario Mario Celis dijo que están “cumpliendo con el servicio normalmente”.
En 2013, un episodio de similares características comenzó en Córdoba y se extendió rápidamente por varias provincias, entre ellas Entre Ríos. El epicentro estuvo en Concordia, donde una movilización de policías de franco y familiares culminó el 8 de diciembre con la toma de la Jefatura, lo que convirtió a la Capital del Citrus en zona liberada para saqueos y robos.
En ese contexto, se produjeron tres muertes: Eduardo López; Eduardo Cáceres y Claudio Matías Román, el primero durante un saqueo y el segundo y el tercero en medio de un episodio confuso en una distribuidora.
Por los sucesos de diciembre de 2013, un grupo de 17 uniformados entrerrianos fue juzgado y condenado en julio de 2015. Sólo uno, Carlos Zaragoza, era oficial; el resto eran suboficiales o agentes, “Juanchos” como se conoce en la jerga a la tropa de calle. La decisión fue apelada, llegó ante el Superior Tribunal y se está a la espera de una resolución definitiva.
En paralelo, la Policía instruyó un sumario administrativo a 40 oficiales, algunos de alto rango. De ese total, 21 recibieron en mayo de 2019 la baja, pero la determinación fue apelada y tampoco se encuentra firme.
El primer punto del petitorio que los policías bonaerenses enviaron al gobernador Axel Kiciloff es casi calcado al artículo primero del acta que el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri tuvo que firmar con los amotinados en la sede de la Cafesg de Concordia para terminar la asonada: que no haya sanciones a los uniformados por el motín.
