La norma a la cual el intendente Francisco Azcué le bajó el pulgar tenía por finalidad –explica el decreto del veto- “propender a la conservación de la condición catastral -a los fines tributarios y hasta tanto se produzca su loteo, sub-división o amanzanamiento- de aquellos inmuebles que con la anterior normativa aplicable eran considerados sub-rurales y que a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza N°38.104/2.023 de COUT (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial) pasaron a formar parte de la planta urbana de nuestra ciudad”.
Al momento de justificar el veto, el Ejecutivo esgrime que “si bien se comparte el noble espíritu que evidentemente motivó a los señores Concejales a expedirse en el sentido anteriormente descripto, de un simple análisis de la redacción del texto bajo estudio surge que el mismo remite a una ordenanza que actualmente se encuentra derogada. Que dicha situación indefectiblemente lleva a un conflicto desde el punto de vista estrictamente Jurídico, a la luz de lo dispuesto por los Artículos N° 5 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que, pone en crisis su validez formal e impide a este Departamento Ejecutivo Municipal dictar el acto jurídico de promulgación”.
El decreto omite precisar cuál sería la ordenanza derogada a la cual remite la iniciativa que el Concejo Deliberante había aprobado. Puede suponerse que alude a la norma que instituía el anterior Código de Ordenamiento Urbano, reemplazado por el actual en base a la ordenanza 38.104.
Resta por ver cuál será la reacción del Concejo Deliberante ante este veto del Ejecutivo. “Lo que aprobamos no implica pretender que rija algo ya derogado. Es una excepción puntual y temporal en la aplicación del nuevo Código Urbano, pero no se trata de aplicar el anterior”, confió a El Entre Ríos un concejal que, no obstante, prefirió no salir públicamente a hablar del asunto sin antes analizarlo en profundidad.
