La concesión, vencida el año pasado tras 30 años de contrato y prorrogada hasta abril de 2025 con un litigio comercial mediante, está a cargo de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa) y une la ciudad bonaerense de Zárate, con la de Paso de los Libres en Corrientes, a través de las rutas nacionales 12, 14 y 117.
Este sistema vial es considerado el principal corredor argentino para el intercambio comercial con Brasil y Uruguay, pero su actual estado de deterioro no permite que sea una plataforma eficiente y competitiva para el desarrollo y el crecimiento de la región.
En qué consiste la propuesta
La iniciativa presentada al gobierno prevé un plazo de concesión solicitado de 15 años y se encuadra dentro de los términos previstos por la Ley Bases, desarrollada según el concepto de inversión privada y repago por peaje.En tal sentido, la propuesta prevé una inversión total estimada en más de u$s 650 millones y un costo de operación y mantenimiento que ronda los u$s 300 millones.
El consorcio destacó que esta iniciativa moviliza a un conjunto de empresas especializadas que suman 170 años de experiencia, 7000 kilómetros de rutas construidas y 2500 kilómetros de rutas concesionadas.
Crusa, como titular de la concesión del corredor vial 18, se presentó en marzo de 2023 en concurso preventivo y responsabilizó al Estado nacional por incumplir con la actualización tarifaria que permite a la empresa atender los compromisos de obras del contrato.
El concurso preventivo fue oportunamente aceptado por la Justicia en lo Comercial y en la actualidad la empresa empezó cumplir con los pagos mensuales acordados con sus acreedores.
La posición del actual concesionario
Ignacio Bustamante, gerente general de Caminos del Río Uruguay, explicó que la empresa en el marco de la extensión de la concesión hasta el 9 de abril de 2025 busca encontrar con el gobierno nacional un camino para lograr la renegociación del contrato prevista en un decreto de 2006.El directivo señaló que la tarifa históricamente se encontró por debajo de los costos de operación y mantenimiento acordados en los términos de la concesión por 30 años, y actualmente está un 75% por debajo de las necesidades financieras del operador.
Por este motivo, Caminos del Río Uruguay inició hace dos años un juicio contra el Estado por esos incumplimientos por un monto que supera los u$s 300 millones, demanda que están “dispuestos a deponer” si se encuentra un acuerdo de renegociación de la concesión, de acuerdo a lo expresado por Bustamante.
En el mismo sentido, también señaló la supuesta inequidad en los recientes ajustes tarifarios por los cuales el corredor en cuestión recibió autorización de aumentos por un 100% de la tarifa, frente a incrementos validados para el resto de los corredores por 200%.
