El caso
El lunes 26 de agosto de 2024 el fiscal Rodrigo Molina, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, pidió a la jueza de Garantías N° 1 Alejandra María Cristina Gómez que ordenara buscar con la fuerza pública a Néstor Voney, quien había denunciado que le “armaron” una causa penal a su hijo, Emanuel Voney, maniobra en la que, dijo en su presentación, habrían intervenido el juez de Garantías N° 2 de Gualeguay, Sebastián Elal; el fiscal Fernando Martínez; y su exabogado Rubén Gallardo.La utilización de la fuerza pública para que llevasen a Voney a Fiscalía fue por cuanto ante dos sucesivas citaciones había rehuido.
Voney acudió a la Fiscalía de Gualeguay, donde fue recibido por el fiscal Rodrigo Molina. Pero a poco de iniciar el trámite se enteró de que su abogado, Carlos Guillermo Reggiardo, estaba en los Tribunales y pidió que lo acompañara. Le dijeron que no era necesario, que no era audiencia de imputación sino que lo habían citado a ratificar una denuncia que, después, no ratificó y por eso mismo fue desestimada. Fue la llegada de Reggiardo al edificio de Tribunales de Gualeguay lo que desató un pequeño escándalo y una investigación interna que derivó en la aplicación de una perimetral al letrado.
La jueza Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguay, Rosa María Fernandez Campasso, actuó como responsable de Superintendencia tras aquellos incidentes y en particular por la denuncia por trato violento hacia tres empleadas de la Mesa de Entradas de los Tribunales que se le reprochó al abogado Reggiardo.
La magistrada se entrevistó con las tres empleadas. En su intervención, tuvo “especial consideración que el victimario resulta ser un abogado de la matrícula, sujeto al Reglamento de Normas de Ética Profesional de los Abogados de la Provincia y de la Ley 10.855” y resolvió “dar trámite formal a la presente como denuncia de violencia de género contra la mujer”.
La magistrada le impuso perimetral al abogado -no podía acercarse a las tres empleadas denunciadas- y además le ordenó la realización de un curso en la Asociación Pablo Besson en los Grupos Psico-Socio-Educativo para varones que han ejercido violencia. Pero ese curso nunca lo hizo el abogado Reggiardo.
En la denuncia que presentó contra la jueza por «persecución judicial», Reggiardo asegura que nunca fue notificado de la realización de ese curso, y tilda de «falso» un informe del Equipo Interdisciplinario (ETI) de la Justicia de Gualeguay. Por eso, formalizó ante el Procurador General Jorge García una denuncia contra la jueza Fernández Campasso «por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, coacciones y privación ilegítima de la libertad, todo ello en el marco de un expediente administrativo tramitado bajo la Ley 26.485».
Reggiardo asegura que nunca hizo ese curso porque jamás fue notificado oficialmente de la obligación de hacerlo. Y que el «ETI falseó las constancias de entrevistas y omitió deliberadamente mi intervención, fijando un horario distinto al acordado telefónicamente y omitiendo arbitrariamente brindarme la posibilidad de participar mediante videollamada».
«Es importante contextualizar estos hechos en el marco de una clara persecución judicial orquestada tras un conflicto laboral con el fiscal Dr. Rodrigo Molina, quien —en un hecho gravísimo— habría ordenado la detención ilegal de un denunciante, hecho que motivó reclamos institucionales «, dice la denuncia.
Y suma: «A partir de ese momento, se gestaron en mi contra tres causas penales simultáneas, todas impulsadas por los mismos funcionarios previamente denunciados: el fiscal Molina, el Dr. Dardo O. Tórtul -vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, NdelR- (quien ha intervenido sin declarar su recusación), y miembros del Ministerio Público Fiscal vinculados a causas plagadas de irregularidades procesales».
Reggiardo cuestiona la potestad de la jueza para imponer medidas que son «sanciones encubiertas» con una entidad privada.
«Lo más grave: la actividad que se me impone —asistir a 32 clases en una institución privada (Instituto Pablo Besson)— no solo carece de base legal alguna, sino que se encuentra prevista únicamente en cursos para personas con sentencia firme por hechos de violencia. Este curso —al que nunca fui derivado formalmente, ni ofrecido como opción, ni entrevistado para su pertinencia— constituye, en sí mismo, una pena encubierta, impuesta a modo de castigo simbólico, sin proceso, sin defensa, sin sustanciación, sin competencia penal».
En forma previa, Reggiardo había denunciado por «peculado» a la jueza Martínez Campasso, presentación que fue desestimada por el fiscal Rodrigo Molina.
