Es por el intento de comprar seis departamentos mucho antes del episodio en la frontera con Brasil. La denuncia es por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales de ese país a Infobae. Si avanza, ese expediente podría complicar la extradición a la Argentina, que fue pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado a fines del año pasado, publicó Infobae. La maniobra figura en reportes de operación sospechosa (ROS) que llegaron a la UIF de Paraguay. Según esos documentos, publicados por la Revista Análisis, la secretaria y pareja de Kueider, Iara Guinsel Costa, hizo un primer desembolso de USD 120 mil en abril de 2024. Un segundo pago, de USD 250 mil, se efectivizó en junio.
A partir de ese momento, hizo varios pagos parciales, siempre en dólares, para comprarles seis departamentos a las firmas Innova Asunción SA, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat.
Esas dos personas son los supuestos dueños de Golsur, la empresa que utilizaron Kueider y Guinsel Costa para justificar el dinero que llevaban en la camioneta.
Infobae había revelado que la compra de esa firma se concretó el 30 de julio del año pasado, en la misma fecha que se intentaba cerrar la compra de seis departamentos. Los nuevos dueños (Torales Benega y Courisat) pagaron 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, le firmaron un poder amplio a Guinsel Consta.
La operación de los seis departamentos nunca se concretó. En septiembre, se terminó firmando una rescisión del contrato que habían suscripto en junio.
“Del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores paraguayos.
Los detalles de esa maniobra fueron enviados por la UIF de Paraguay al organismo antilavado local y se terminaron filtrando. Eso motivó un reclamo del Grupo Egmont, la entidad internacional de cooperación que ambos países integran, y hasta se abrió un sumario interno en la UIF local.
