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El 18 de abril el Ministerio Público Fiscal presentó al Tribunal de Juicio de Paraná la solicitud de encierro preventivo del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, así como la ejecución de la pena por sentencia firme del exministro Pedro Báez, condenados en 2022 tras el Megajuicio por corrupción. A más de tres meses (feria judicial de por medio) aún no hay una resolución al respecto.

Las numerosas recusaciones a integrantes de los tribunales que se iban conformando para tratar el pedido de la Fiscalía fueron dilatando dicha resolución. En algunos casos, se hicieron lugar a los planteos de los abogados defensores de apartar a jueces que han intervenido (como jueces o como fiscales) en algunas de las causas que involucran a los condenados; en otros no.

La última resolución judicial al respecto fue el 3 de julio. cuando el Tribunal integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Carola Bacaluzzo declararon inadmisible un recurso de Casación a los defensores que pretendían esta vía para lograr un "recurso de reposición" sobre un fallo anterior con el cual estuvieron en desacuerdo.

De este modo, el Tribunal que había quedado integrado por Castagno, Vergara y Elvio Garzón debe citar a una audiencia para tratar, al fin, la cuestión del encarcelamiento de los exfuncionarios condenados por corrupción.

Sin embargo, según publicó Análisis este jueves los defensores presentaron un "recurso de queja" en Casación contra lo resuelto por el Tribunal de Juicio que les había denegado llegar a esta instancia.

Teóricamente, según indicaron fuentes judiciales sobre lo que establece el Código Procesal Penal entrerriano, no solamente este tipo de resoluciones judiciales no pueden ser recurridas sino que además ningún recurso de queja suspende tiempos ni plazos. Por lo cual la Oficina de Gestión de Audiencias debería ir buscando fecha y hora para la audiencia donde las partes discutirán sobre el pedido en cuestión y posteriormente el Tribunal resolverá.
Fuente: Análisis Digital

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