Por su parte, también este lunes, el exgobernador utilizó las redes sociales para convocar a un acto en Concordia.
Clasificación de evidencia y menos testigos
La fiscalía y las defensas de los acusados en la denominada causa Coimas avanzaron este lunes en la clasificación de evidencia y se decidió prescindir de 40 testigos. Además, las partes le solicitaron al juez de Garantías, Julián Vergara, que la audiencia de este martes se suspenda. Así que la remisión de la causa a juicio recién se reiniciará el miércoles a las 9.Según supo AHORA, tras la resolución de Vergara, las partes permanecieron en el salón de audiencia para continuar analizando una planilla elaborada previamente por los fiscales y una de las defensas, que luego fue comunicada a los demás implicados. El avance fue notorio, informó a AHORA una de las partes defensoras.
En ese sentido, se explicó que se clasificó numerosa evidencia que irá a debate y se decidió prescindir de unos 40 testigos. De igual modo, aún no hay un tiempo estimado de lo que durará esta etapa.
Sin embargo, las defensas destacaron que la posibilidad de debatir previamente y acordar los puntos a discutir podría disminuir la cantidad de jornadas necesarias desde el año pasado, desestimando así las posiciones que consideraban cualquier propuesta de las defensas como dilatoria.
El caso
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, es acusado de haber favorecido ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por su amigo cercano Diego Armando Cardona Herreros, tanto durante su gestión como ministro de Gobierno y luego como gobernador, desde enero de 2007. Se alega que el objetivo era generar lucro ilícito mediante la contratación de la empresa para desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial.La acusación señala que en el presunto hecho también participaron varios funcionarios, incluyendo a Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; el fallecido José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y Sergio Smaldone, entonces encargado de la cartera de Trabajo.
Asimismo, a Urribarri y Haidar se les imputa una “adenda” por la falsificación de fechas en actos administrativos, lo que permitió que la prórroga de ocho meses se computara desde diciembre de 2009, aunque realmente comenzó en enero de 2010. Esta maniobra habría permitido a la empresa y a los funcionarios obtener ganancias sin contraprestación alguna.
