“El ex Diputado Provincial Ángel Giano defiende una ley sin nunca haber litigado en el contexto de un Juicio por Jurados”, arremetió la abogada y exlegisladora nacional María de los Ángeles Petit.
Según Petit, “la ley tiene serios y graves vacíos que deben considerarse para que funcione y no se conviertan en lo que es hoy, un sistema que solo contempla la culpabilidad de los acusados. En tal forma lo hace, que los acuerdos de juicio abreviado se multiplicaron porque los abogados prefieren arreglar con el MPF antes de enfrentarse a un juicio que por su constitución está hecho para que la persona sea declarada culpable”.
La letrada sostuvo que la “modificación en el fondo no tiene que ver con el derecho sino con la capacidad de recursos humanos y económicos del Poder Judicial para aplicar la ley. Aunque siempre he pregonado que los delitos contra la integridad sexual no pueden ser objeto de un juicio por jurado porque violan los protocolos de confidencialidad y de re victimización de la víctima ya que el sistema no da las garantías suficientes para que esos principios se cumplan”.
Petit aseguró que “las instrucciones son estandarizadas por los Jueces técnicos y no consideran que quienes son elegidos para ejercer la función pública de Jurado, son legos en la materia. Pueden entender de culpabilidad o inocencia, pero no la complejidad de las penas aplicables. Creo que ese es el mayor defecto de la ley, además de la forma de confección de los formularios que parten de la culpabilidad del acusado y olvidan el principio constitucional de inocencia, hecho éste que ya ha sido objeto de una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“La imposibilidad de apelar la resolución del Jurado por parte del MPF también es algo para considerar, ya que le quita el derecho a las víctimas de buscar justicia”, agregó.
“Esta Ley –insistió Petit-, combinada con la Ley del Ministerio Publico Fiscal, constituyen un peligro para la administración de justicia para el sistema judicial penal entrerriano”.
Según la exlegisladora y exfuncionaria de la municipalidad de Concordia durante las gestiones de Enrique Cresto, “no se trata de que todos sean declarados culpables o todos sean inocentes, se trata de buscar la verdad de los hechos, con objetividad e igualdad de derechos y de utilización de herramientas para las partes involucradas, pero en la práctica eso no sucede. Es necesario un debate profundo de cada artículo de la Ley, pero no de profesionales de escritorio, sino de abogados que todos los días presentan un recurso tras otro y que a veces, aceptan un mal acuerdo para sus defendidos por miedo a que el sistema termine condenando a un inocente”.
“La estadística judicial dice que de los 94 juicios realizados: 3 (3,3 %) se declararon estancados; 79 (86,81 %) tuvieron declaración de culpabilidad y 12 (13,19 %) no culpable. Esto no es casual, es parte del problema”, concluyó Petit.
