Por Martín García
La memoria histórica, la búsqueda de la verdad y la justicia son elementos fundamentales en la construcción de un futuro libre de represión, en el cual los derechos humanos sean el eje central de la vida política. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten patrones de abuso del poder en los que se siguen utilizando estrategias de control político y social que, si bien son diferentes en sus formas, mantienen los mismos objetivos: silenciar la disidencia, controlar las decisiones políticas y asegurar la impunidad de aquellos que ejercen el poder de manera ilegítima.
El poder político y la dictadura: coerción y manipulación como herramientas de control
Durante la dictadura argentina, el poder político dejó de ser una herramienta para la construcción democrática y se transformó en un medio de opresión. La concentración del poder en manos de los militares y sus cómplices civiles llevó a la implementación de un sistema autoritario y represivo, que utilizó la violencia, la coerción y la manipulación para suprimir cualquier forma de oposición. El terrorismo de Estado se constituyó como la respuesta a quienes se oponían al régimen, lo que resultó en miles de desaparecidos, asesinados y torturados.El poder de la dictadura no solo se basó en el uso de la fuerza física, sino también en la manipulación de la opinión pública. A través de los medios de comunicación, el régimen construyó un relato en el cual la violencia y la represión se presentaban como acciones legítimas para enfrentar una supuesta "guerra contra la subversión". La propaganda oficial, en la que los opositores políticos fueron etiquetados como terroristas y enemigos del Estado, permitió que la sociedad aceptara las atrocidades cometidas por el régimen, minimizando la percepción del abuso de poder.
El Plan Cóndor: la colaboración internacional para reprimir a la oposiciónEl Plan Cóndor, que operó entre los años 1975 y 1983, fue una de las expresiones más claras de cómo el abuso de poder se extendió más allá de las fronteras de Argentina. Este operativo de represión sistemática se coordinó entre las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú, y contó con el apoyo activo de Estados Unidos, que veía en estos regímenes aliados estratégicos en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. El objetivo principal del Plan Cóndor era la persecución, captura, tortura y desaparición de opositores políticos, quienes eran considerados amenazas para la estabilidad de los regímenes dictatoriales.
El Plan Cóndor es, sin lugar a dudas, uno de los mayores ejemplos de cómo el poder puede ser ejercido de manera abusiva e ilegítima, no solo para controlar a la población dentro de un país, sino también para coordinar represalias contra ciudadanos de otros Estados. La cooperación entre las dictaduras, y la intervención activa de potencias extranjeras, mostró la globalización del abuso de poder y la utilización de los recursos del Estado para fines políticos específicos. En este sentido, el Plan Cóndor se convirtió en un mecanismo de control total sobre los ciudadanos, un precedente de cómo la represión y el abuso de poder pueden trascender las fronteras nacionales.El lawfare: el nuevo Plan Cóndor en el siglo XXI
A pesar de que el régimen dictatorial argentino fue derrotado con la recuperación de la democracia en 1983, el ejercicio del poder de manera coercitiva y manipuladora no desapareció. En el contexto actual, un fenómeno emergente ha comenzado a reemplazar las brutales tácticas de la dictadura: el lawfare. Este término, que hace referencia a la guerra jurídica, describe el uso del sistema judicial como una herramienta de persecución política y represión. A diferencia del Plan Cóndor, que dependía de la violencia física directa, el lawfare utiliza el marco legal para deslegitimar y debilitar a los adversarios políticos, haciendo que la justicia sea utilizada como un arma de control y dominación.
El lawfare se ha manifestado en varios países de América Latina, especialmente en Argentina, Brasil y otros países de la región, como una estrategia de ataque contra líderes políticos y sociales que desafían al poder establecido. El uso del poder judicial como un mecanismo para eliminar a opositores ha generado preocupación sobre la consolidación de un nuevo tipo de "golpe de Estado" sin necesidad de intervención militar directa. A través de maniobras legales, investigaciones judiciales basadas en pruebas débiles o montadas, y el uso de los medios de comunicación para generar una condena social, los actores políticos en el poder pueden socavar la estabilidad democrática y manipular las instituciones en su favor.
En Argentina, el caso más emblemático de lawfare es la persecución judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Diversas investigaciones judiciales, que muchos consideran motivadas por razones políticas, han sido utilizadas como parte de una campaña para debilitar su figura política. De manera similar, el escándalo de Lava Jato en Brasil mostró cómo el sistema judicial puede ser manipulado para atacar a los opositores políticos y crear un ambiente de inestabilidad política.
El lawfare actúa como un "Plan Cóndor" moderno: en lugar de la represión física directa, se busca deslegitimar a los adversarios a través de procesos judiciales, manipulando la ley para alcanzar fines políticos específicos. Esta guerra jurídica tiene un impacto negativo en la democracia, ya que distorsiona los principios de justicia e imparcialidad, utilizando el sistema judicial para fortalecer a las élites políticas y económicas a costa de los derechos de la ciudadanía.La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en un contexto de manipulación judicial
El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo en Argentina, no solo se refiere a los crímenes cometidos por la dictadura, sino también a la importancia de defender la verdad y la justicia en el presente. La memoria de las víctimas del terrorismo de Estado debe ser preservada, pero también es esencial entender cómo el abuso de poder sigue existiendo en formas cada vez más sofisticadas.
El lawfare y la manipulación de la justicia no solo reviven el autoritarismo del pasado, sino que ponen en riesgo los principios democráticos. Las democracias modernas deben estar alertas ante los riesgos de que el poder judicial se utilice con fines políticos, tal como ocurrió durante el terrorismo de Estado, pero ahora en un contexto más sutil y disfrazado de legalidad.La Necesidad de Fortalecer la Democracia y la Justicia
El 24 de marzo nos recuerda que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia nunca debe detenerse. La democracia no es solo un sistema político, sino un conjunto de valores que deben ser defendidos constantemente. El abuso del poder, ya sea a través de la violencia o de la manipulación judicial, sigue siendo una amenaza latente en América Latina. El lawfare es la versión moderna de un control autoritario que busca subvertir la democracia desde adentro.
El desafío para Argentina y para la región es garantizar que el ejercicio del poder nunca vuelva a ser utilizado para someter a la población ni para destruir la justicia. En este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, más que nunca, debemos comprometernos a preservar la memoria histórica, luchar por la verdad de lo sucedido durante la dictadura y defender la justicia en todas sus formas. Solo así podremos construir una sociedad realmente libre, donde el poder sea un instrumento para el bienestar colectivo y no una herramienta de control.
El Plan Cóndor es, sin lugar a dudas, uno de los mayores ejemplos de cómo el poder puede ser ejercido de manera abusiva e ilegítima, no solo para controlar a la población dentro de un país, sino también para coordinar represalias contra ciudadanos de otros Estados. La cooperación entre las dictaduras, y la intervención activa de potencias extranjeras, mostró la globalización del abuso de poder y la utilización de los recursos del Estado para fines políticos específicos. En este sentido, el Plan Cóndor se convirtió en un mecanismo de control total sobre los ciudadanos, un precedente de cómo la represión y el abuso de poder pueden trascender las fronteras nacionales.
El lawfare: el nuevo Plan Cóndor en el siglo XXI
A pesar de que el régimen dictatorial argentino fue derrotado con la recuperación de la democracia en 1983, el ejercicio del poder de manera coercitiva y manipuladora no desapareció. En el contexto actual, un fenómeno emergente ha comenzado a reemplazar las brutales tácticas de la dictadura: el lawfare. Este término, que hace referencia a la guerra jurídica, describe el uso del sistema judicial como una herramienta de persecución política y represión. A diferencia del Plan Cóndor, que dependía de la violencia física directa, el lawfare utiliza el marco legal para deslegitimar y debilitar a los adversarios políticos, haciendo que la justicia sea utilizada como un arma de control y dominación.El lawfare se ha manifestado en varios países de América Latina, especialmente en Argentina, Brasil y otros países de la región, como una estrategia de ataque contra líderes políticos y sociales que desafían al poder establecido. El uso del poder judicial como un mecanismo para eliminar a opositores ha generado preocupación sobre la consolidación de un nuevo tipo de "golpe de Estado" sin necesidad de intervención militar directa. A través de maniobras legales, investigaciones judiciales basadas en pruebas débiles o montadas, y el uso de los medios de comunicación para generar una condena social, los actores políticos en el poder pueden socavar la estabilidad democrática y manipular las instituciones en su favor.
En Argentina, el caso más emblemático de lawfare es la persecución judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Diversas investigaciones judiciales, que muchos consideran motivadas por razones políticas, han sido utilizadas como parte de una campaña para debilitar su figura política. De manera similar, el escándalo de Lava Jato en Brasil mostró cómo el sistema judicial puede ser manipulado para atacar a los opositores políticos y crear un ambiente de inestabilidad política.
El lawfare actúa como un "Plan Cóndor" moderno: en lugar de la represión física directa, se busca deslegitimar a los adversarios a través de procesos judiciales, manipulando la ley para alcanzar fines políticos específicos. Esta guerra jurídica tiene un impacto negativo en la democracia, ya que distorsiona los principios de justicia e imparcialidad, utilizando el sistema judicial para fortalecer a las élites políticas y económicas a costa de los derechos de la ciudadanía.
La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en un contexto de manipulación judicial
El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo en Argentina, no solo se refiere a los crímenes cometidos por la dictadura, sino también a la importancia de defender la verdad y la justicia en el presente. La memoria de las víctimas del terrorismo de Estado debe ser preservada, pero también es esencial entender cómo el abuso de poder sigue existiendo en formas cada vez más sofisticadas.El lawfare y la manipulación de la justicia no solo reviven el autoritarismo del pasado, sino que ponen en riesgo los principios democráticos. Las democracias modernas deben estar alertas ante los riesgos de que el poder judicial se utilice con fines políticos, tal como ocurrió durante el terrorismo de Estado, pero ahora en un contexto más sutil y disfrazado de legalidad.
La Necesidad de Fortalecer la Democracia y la Justicia
El 24 de marzo nos recuerda que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia nunca debe detenerse. La democracia no es solo un sistema político, sino un conjunto de valores que deben ser defendidos constantemente. El abuso del poder, ya sea a través de la violencia o de la manipulación judicial, sigue siendo una amenaza latente en América Latina. El lawfare es la versión moderna de un control autoritario que busca subvertir la democracia desde adentro.El desafío para Argentina y para la región es garantizar que el ejercicio del poder nunca vuelva a ser utilizado para someter a la población ni para destruir la justicia. En este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, más que nunca, debemos comprometernos a preservar la memoria histórica, luchar por la verdad de lo sucedido durante la dictadura y defender la justicia en todas sus formas. Solo así podremos construir una sociedad realmente libre, donde el poder sea un instrumento para el bienestar colectivo y no una herramienta de control.
