“No obstante, hemos dejado en claro que no vamos a apoyar ninguna iniciativa que atente contra el medio ambiente, que no beneficie a las pequeñas y medianas empresas, y que no promueva claramente nuevas fuentes de trabajo”, manifestó el legislador.
Luego, agregaron en un comunicado de prensa: "El RIGI ya tiene ya vigencia a nivel nacional. Lo que nosotros tenemos que ponderar en la conveniencia para Entre Ríos y las consecuencias de adherir a ese régimen, que son ni más ni menos, que subordinar el régimen regulatorio provincial sobre el medio ambientes e ingresos tributarios a ese régimen nacional", señaló el senador Víctor Sanzberro.
“Debemos sostener y defender las potestades de nuestra provincia”, afirmó el legislador y ejemplicó: “En Entre Ríos rige una ley desde 1997 que la declara libre de nuevas obras de represamiento sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, producto de un pueblo movilizado en defensa del agua y de la vida. Si adherimos al RIGI y un proyecto de inversión se radicará en nuestra provincia para construir una represa, esta norma que es provincial no sería aplicable porque estaría obstaculizando un proyecto de inversión contemplado en ese régimen nacional, como la generación de energía”.
Cabe señalar que la Cámara de Senadores de la provincia no pudo dar tratamiento este martes al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo por el cual Entre Ríos se adhiere al régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI). El tema quedó pendiente para la próxima sesión del cuerpo. El dictamen había sido incorporado al orden del día de la sesión de este miércoles que se cayó ante la ausencia de los legisladores de Juntos por Entre Ríos.
Los senadores justicialistas hicieron saber además que para tomar una posición sobre este proyecto de ley participaron de varias rondas de consultas con referentes de la Unión Industrial de Entre Ríos, el Consejo Empresario, la Bolsa de Comercio, la Federación Entrerriana de Cooperativas, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación CAUCE, Apyme y el Colegio de Arquitectos.
Qué proponen en cambio
La contra propuesta de los senadores justicialistas es una iniciativa que actualiza el régimen de promoción industrial que se puso en marcha durante la gestión de Gustavo Bordet. Modifica la actual ley Nº 11.071, de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia, estableciéndose un nuevo régimen legal, institucional y normativo.Se apunta a ampliar los beneficiarios al incluir nuevas inversiones industriales, transporte terrestre de cargas, actividades turísticas, culturales, y aquellas relacionadas con la economía circular y la neutralidad de carbono, lo que responde a la necesidad de diversificar y modernizar la base industrial de la provincia.
Se busca incentivar la creación de nuevos establecimientos industriales y la reactivación de aquellos que han estado inactivos por un período prolongado, lo que es esencial para dinamizar la economía provincial. Estas medidas fomentan la inversión, la innovación y la reactivación económica, elementos claves para el desarrollo sostenible a largo plazo.
Finalmente, proponen la revisión y ampliación de las exenciones fiscales para ofrecer un incentivo significativo para los inversores y empresarios, asegurando que estos beneficios sean atractivos y pertinentes a las realidades actuales. Al extender las exenciones a impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Automotor, se crea un entorno más favorable para el desarrollo industrial en la provincia.
