Rodríguez Signes fue acusado de supuesto mal desempeño. En la presentación, Mella pidió que sea suspendido en el cargo y, eventualmente, destituido de su función.
Detalles del pedido de jury
El reproche que se le hace a Rodríguez Signes tiene que ver con la supuesta percepción de doble sueldo, como fiscal de Estado y además como síndicos en empresas y organismos del Estado. Al respecto, manifiesta que el funcionario «tiene una incompatibilidad constitucional manifiesta, continua, contraria a derecho pero fundamentalmente a las normas de ética y transparencia que debe tener un funcionario que representa la legalidad en la provincia».La denuncia la formuló el dirigente libertario Germán Eduardo Mella, de Concordia, y resalta que «quien debe velar por nuestros intereses, consuma actos contrario a los intereses patrimoniales de la provincia, dejando además una bochornosa imagen, que si `el abogado de la provincia no cumple la Constitución`para abajo nadie estaría obligado a cumplirla, o se podría cumplir selectivamente, generando caos, desigualdad que atenta contra los pilares de los sistemas democráticos y republicanos de gobierno».
Le recrimina que además de GasNea, Rodríguez Signes «se ha desempeñado como síndico de Enersa y Sidecreer tomando esta última mayor relevancia puesto a que hay un fallo del máximo tribunal provincial, que condena al ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, donde queda claro que el desempeño de funciones en este órgano autárquico tiene naturaleza de empleo público, y como síndico incluso de su declaración deja claro que él tenía el control de legalidad de los actos».
«Lo que concretamente le imputamos a Rodriguez Signes en los casos de haber sido síndico en las empresas del Estado como fiscal de Estado, algunas veces con franca incompatibilidad de intereses ya que tanto en GasNea como Enersa, si bien tienen intereses en conjunto con la provincia, no son idénticos, y muchísimo menos la Constitución permite el cobro de doble sueldos extremo que quedará acreditado solicitando al área de Liquidaciones si entre 2008 y 2024 le liquidó a Julio Rodríguez Signes conceptos por su rol de síndico, incumpliendo la Constitución y generando un millonario perjuicio patrimonial al Estado entrerriano, siendo el funcionario justamente que debe velar por los intereses del Estado».