El Consejo de la Magistratura puso en marcha en agosto de 2019 una serie de concursos para definir quién ocupará la presidencia, una vocalía y tres fiscalías de cuentas. El proceso completó la presentación de antecedentes y la prueba escrita, de donde surgió un orden de mérito provisorio que dejó en la terna para el cargo más importante del organismo de control al diputado provincial Diego Lara, seguido por el actual presidente provisorio del TdeC Federico Tomas en segundo lugar y la secretaria legal del organismo, Nanci Vinagre, en tercero.
Antes de pasar a la última etapa, la entrevista oral, los jurados de los concursos deben resolver las impugnaciones presentadas a la valuación de antecedentes y a la prueba escrita que hicieron quienes concursaron, lo que podría variar el orden de mérito.
Pero esta decisión lleva acumulada una mora importante que podría abrir las puertas a la judicialización del proceso. Si bien no existe un plazo legal prefijado para resolverlas, su solución no puede exceder el plazo razonable que garantiza la Constitución provincial en su artículo 67° al instituir el debido proceso administrativo.
El cálculo que hacen los impugnantes toma como referencia el lapso transcurrido entre la prueba escrita (noviembre de 2019) y la comunicación de los resultados (junio de 2020), que fueron cuestionados de inmediato. En base a ese parámetro, y considerando que no todos los concursantes hicieron impugnaciones y que el jurado sólo debe ratificar o modificar su decisión previa, entienden que el tiempo de revisión no debe superar los seis meses y que el plazo razonable tendría que ser inferior al que demandó la corrección.
Completa el razonamiento la premisa de que no puede demandar el mismo plazo la calificación de un examen que su revisión. Asimismo, señalaron que para presentar las impugnaciones tuvieron tres días corridos desde que se les comunicó el resultado de antecedentes y prueba escrita y que la resolución no puede guardar desproporción con ese plazo breve.
La respuesta informal que dio el Consejo de la Magistratura a las consultas por esta mora apunta a las dificultades que se derivaron de la pandemia de Covid – 19. Esta contestación no solo no satisfizo a los concursantes sino que enervó más los ánimos, dado que las correcciones de las pruebas y el anuncio de los resultados se hicieron durante la cuarentena por el Coronavirus. De paso, pusieron sobre la mesa que la audiencia pública en la que se comunicaron los puntajes se concretó en un recinto pequeño en el que debieron ubicarse 34 personas.
Como corolario de todo esto, quedaría abierta la posibilidad de que quienes participaron en los concursos recurran a los estrados judiciales con una acción por mora para reimpulsar el concurso que ya lleva más de un año desde que se abrió y cuatro desde que se anunció.
La vía judicial es, también, un vehículo que podría utilizar un puñado de concursantes que están en condiciones de alcanzar en poco tiempo la jubilación en el TdeC en el cargo que ocupan de hecho actualmente. Una demanda en los tribunales demoraría la resolución final del concurso, lo que les permitiría iniciar el trámite en la Caja de Jubilaciones por un haber importante.
Los reclamos, al escritorio de Bordet
A diferencia de lo que ocurre en los concursos para la magistratura y el funcionariado judicial, los previstos para organismos de contralor no cuentan con la cláusula legal que agota la vía administrativa en la decisión del jurado del concurso.El bache legal que trascendió la discusión legislativa y la reglamentación de la norma deja abierta la posibilidad de que lo que resuelvan los jurados sea apelable a la instancia superior. Como el Consejo de la Magistratura es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, sus decisiones son recurribles ante el Gobernador, entienden los concursantes.
Esto obligará a Gustavo Bordet a tener que resolver los planteos que le lleguen o bien tener que desarrollar una ingeniería legal para rechazarlos y dejar firme lo que el jurado del concurso haya decidido. Cualquiera de los dos escenarios habilitaría la vía judicial en el fuero contencioso administrativo para el o la concursante que se sienta perjudicado.
Además del peso específico que tiene este concurso para el Gobierno provincial, constituye la primera experiencia de definición de un órgano administrativo a través de este mecanismo que se presenta como el más transparente. En la cola, a la espera de qué ocurrirá con el Tribunal de Cuentas, están a la esperan la Tesorería General, acéfala desde 2017 y la Contaduría General cuyo titular, Aurelio Miraglio, tiene mandato hasta este año.
