La Ley de Tierras Rurales 26.737, que fue sancionada en 2011 y tuvo algunas modificaciones posteriores, deja de existir con el DNU de Milei y diversos sectores ya advierten un impacto inmediato en la Patagonia.
Un punto que establece la normativa es el límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial y departamental. Ese régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales fue impulsado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner para frenar la extranjerización de la tierra.
La normativa no afectó a quienes ya poseían las tierras con anterioridad a la sanción de la ley, por lo que en muchos puntos del país ese límite del 15% había sido sobrepasado y sigue hasta la actualidad, aunque en algunos casos hubo retrocesos, por eso a nivel país se pasó de 50 departamentos de provincias por encima del límite y -según el registro actualizado en abril de 2023- ahora hay 30 en esa condición.
El caso del Departamento Bariloche, en Río Negro (que incluye la ciudad homónima, la zona de El Manso, El Foyel y El Bolsón), es uno de los ejemplos de retroceso de la tierra en manos de propietarios de nacionalidad extranjera. En 2017 el 21,3% de la superficie estaba en esa condición y actualmente asciende al 13,6%, es decir que 23.050,79 hectáreas hoy tienen dueños foráneos. Algunos de ellos son conocidos como el magnate inglés Joe Lewis, que tiene la extensa propiedad alrededor del lago Escondido, y el qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri, propietario del complejo de esquí exclusivo Baguales, cercano al lago Guillelmo.
El Departamento Lácar, en Neuquén, en la zona que rodea a San Martín de los Andes es uno de los lugares paradigmáticos de concentración de la tierra rural en manos de extranjeros y actualmente llega al 54%, es decir que son 256.914 hectáreas cuyos dueños no son argentinos. La proporción en 2017 era de 56,3% de tierra extranjerizada, por lo que hubo un mínimo desprendimiento.
En las dos provincias no hay otro departamento que supere el límite definido por la ley, aunque con la derogación podría cambiar esa ecuación.
Sin embargo, se mantiene en un nivel alto de tierras en manos de extranjeros -con un 10,4% (95.250 hectáreas) el Departamento Pilcaniyeu, donde la Corona de Holanda compró una estancia años atrás o también hay grandes fracciones de capitales suizos.
En territorio neuquino, el Departamento Los Lagos, que incluye la zona de Villa La Angostura, tiene un 6,67% de las tierras rurales en manos de extranjeros, con 23.732 hectáreas, y Catan Lil, ubicado entre San Martín de los Andes y Zapala, cuenta con el 11,1% de su extensión extranjerizada, con 60.131 hectáreas.
Las provincias lejos del tope del 15%
La última actualización del relevamiento de tierras en manos de extranjeros, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que hasta hace dos semanas estuvo al mando del rionegrino Martín Soria, no incluye a ninguna provincia argentina por encima del límite del 15% establecido por la ley 26.737.Entre Río Negro y Neuquén, la segunda es la que tiene mayor porcentaje de tierras extranjerizadas y esa situación la impulsa el Departamento Lácar que tiene un 54% de su superficie en manos de foráneos. Pero en el total provincial, actualmente solo el 5,5% tiene propietarios nacidos en otros países, lo que significa 503.379 hectáreas, de poco más de 9 millones de hectáreas de tierras rurales neuquinas.
Si se miran los departamentos, hay más de 30 que superan el límite (15%) establecido. A la cabeza están San Carlos (Salta) con el 59,8%, General Lamadrid (La Rioja) con 56,7% y Lacar (Neuquén) con 54%. Incluso en el Gran Buenos Aires, el municipio de Campana tiene el 50,2% de su territorio en manos de inversores internacionales. Las provincias con mayor grado de extranjerización son Salta con un 11,5%, Misiones con 11%, San Juan con 10,4% y Corrientes con 9,2%.
La Ley que ahora Milei procura derogar a través del DNU también prohíbe la titularidad o posesión de inmuebles por parte de personas físicas extranjeras que contengan o bordeen grandes cuerpos de agua (mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos confinados), o estén ubicados en zonas de seguridad de frontera. Además, prohíbe que las tierras rurales de un mismo titular extranjero superen las mil hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente, es decir, en la principal área productiva de granos del país.
Por cantidad de hectáreas, la mayoría de estos dueños son estadounidenses (2.772.096 ha), seguidos de italianos (2.051.446 ha) españoles (1.815.047 ha), suizos (851.534 ha), chilenos (769.393 ha), uruguayos (577.985 ha), canadienses (492.618 ha), franceses (373.408 ha) y holandeses (321.541 ha).
Los más conocidos son Ted Turner de Estados Unidos, Joe Lewis de Inglaterra, el emir de Qatar, o grupos como Benetton de Italia. Pero también hay hectáreas en manos de empresas offshore o con nombres fantasmas. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en 2015, 964 personas jurídicas extranjeras concentraban 12.828.111 hectáreas.
Esto se debe, en parte, a que en 2016 un decreto presidencial habilitó que en las sociedades con capitales nacionales y extranjeros, estos últimos puedan comprar la parte nacional sin necesidad de informar al Estado.
En noviembre de este año trascendió el intento del magnate estadounidense Paul Tudor Jones II de adueñarse de áreas protegidas en los Esteros del Iberá y el Delta del Paraná mediante su Fundación Humedales, invocando la preservación de la biodiversidad; pero finalmente fue rechazado por la Inspección General de Justicia.
Otro caso que se conoció en septiembre de este año fue el de una empresa chilena que adquirió tres estancias en la Patagonia argentina que, por su ubicación próxima al Parque Nacional Los Glaciares, cuentan con más de 45 kilómetros de costa junto al Lago San Martín y abarcan más de 60.000 hectáreas de naturaleza virgen, incluyendo 12.544 hectáreas de bosque nativo y la presencia de seis grandes ríos caudalosos. Estas estancias estarían, además, en zona de frontera, ya que abarcarían el Hito 62 que marca el Límite Internacional entre Argentina y Chile.
La cuestión de la propiedad de la tierra se remonta a mediados del siglo XIX con la consolidación del Estado Nacional, y se relaciona con el modelo económico agroexportador de la Argentina. Según el último Censo Nacional Agropecuario, 6.140 propietarios concentran el 51% del territorio continental argentino y aproximadamente sólo 4.000 propietarios producen el 65% de la soja argentina, que en 2022 representó el mayor complejo exportador del país con ventas que superaron los 24 mil millones de dólares anuales.
En este sentido, la sección “Agricultura, ganadería y pesca” de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, presentada ante la Cámara Nacional Electoral en junio de 2023, menciona textualmente “derogar la Ley 26737 (Ley de tierras) para que cualquier persona, nacional o extranjera, tenga libre acceso a la propiedad de la tierra”. Una propuesta que coincide con los recientes y reiterados pedidos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, previos y posteriores a la elección de Javier Milei como presidente de la Nación.
El proceso de extranjerización es leído por algunos como un alerta sobre la seguridad y la soberanía de nuestro territorio, ya que muchas de estas tierras casualmente son ricas en recursos mineros y agua dulce.
