“Si algo no se merece la memoria de Raúl Alfonsín, es que en el nombre de su partido se defiendan actos rayanos a la corrupción”, comienza diciendo la querellante en la causa del Hospital San Roque, en una nota enviada a la redacción de El Entre Ríos. Precisamente, lo que parece haber encendido la mecha fue el respaldo de la jefa comunal a la gestión de Graciela Ingold en el nosocomio local, cuya dimisión del cargo de directora fue aceptada al trascender la denuncia por cobro de oxígeno a familiares de pacientes con COVID-19.
“A esta situación la deberá dirimir la Justicia y considero que es totalmente aparte del objetivo del reconocimiento, que era el accionar por la ciudad frente a una pandemia”, sostenía Lambert, al ser consultada si estuvo de acuerdo con que la doctora Ingold fuera invitada a descubrir una placa, sin haber conseguido aún el sobreseimiento de la Justicia. Marano Roude es lapidaria con la intendenta en lo que refiere a la causa que lleva como bandera, pero también analiza otros conceptos vertidos por la dirigente radical en el contexto de la misma entrevista, publicada el domingo pasado en El Entre Ríos.
A continuación, reproducimos textualmente la réplica remitida por la abogada -titulada “Volver a las bases”-, dejando abierto un espacio de libertad de expresión y pluralidad de miradas.
Volver a las bases
Sinceramente creo que si algo no se merece la memoria de Raúl Alfonsín, es que en el nombre de su partido se defiendan actos rayanos a la corrupción.Paradójicamente, Susana Lambert reivindicó en este diario la gestión de la exdirectora del Hospital, que está siendo investigada por la Justicia penal; nada más y nada menos que por actos cometidos “en perjuicio de la administración pública”.
Lambert declaró que ella no es quien para juzgar a Graciela (para juzgarla no, pero para homenajear su gestión, sí). También agregó que “nadie puede negar lo que Graciela hizo por la ciudad”.
Claro que nadie lo niega. Ni lo que hizo la entonces directora del San Roque, ni lo que hizo todo el personal de salud en plena pandemia. Pero tampoco podemos negar que fue durante su gestión en donde se cobraba por el oxígeno que les suministraba a los pacientes internados con afecciones de COVID. Tan escandaloso era lo que sucedía en el Hospital (dirigido por Ingold) que la noticia llegó hasta los medios nacionales.
Así, Lambert no solo respalda y reivindica la gestión de la exdirectora, sino que además pone en tela de juicio el accionar de la Justicia, que citó a la exdirectora a nombrar abogado defensor y que continúa investigando hechos cometidos en el Hospital local, donde Ingold, como directora, era la responsable última.
Pero como si esto fuera poco, y casi imitando a la Vicepresidenta de la Nación, Lambert siguió defendiendo su gestión con cristinezcas declaraciones.
Y es que, evidentemente, las dos mujeres en el Poder, tienen una misma sensación: acceder a cargos públicos a través del voto “popular” les brinda un manto de impunidad, en donde pareciera que todo lo que sucede bajo su gestión, es legítimo y legal.
Hace ya algunas semanas la gestión de Lambert viene siendo cuestionada por una serie de contrataciones directas, teñidas de conflictos de intereses en pugna entre lo público y lo privado.
Sin embargo, al igual que CFK, la señora intendenta se defendió diciendo que “…el pueblo con su voto me ha dado las facultades para seleccionar al personal que me acompañe a lo largo de mi gestión, así que estoy muy tranquila en ese aspecto”.
Por otra parte, intentó justificar las tan cuestionadas contrataciones directas entre el Estado municipal y una empresa de la cual un funcionario suyo forma parte, diciendo que eso se hizo “…desde la época de don Chaulet (Florentino, un recordado intendente), hace 60 ó 70 años. No es ninguna novedad que nosotros, en este momento, sigamos haciéndolo, como lo hicieron gestiones anteriores”.
Está claro que ni a la señora intendenta ni a sus asesores se les ocurrió pensar que quizá en la época de Florentino Chaulet no había en el Ejecutivo ningún funcionario público vinculado con ésta empresa (hoy contratista del Estado municipal), ni mucho menos se les ocurrió reparar en que las leyes de ética en el ejercicio de la función pública, y las recomendaciones de lucha contra la corrupción, en 70 años, han ido evolucionando. Y bastante.
Es absurdo, por no decir retrógrado, justificar las cosas con “prácticas”, “normas” o “leyes” de hace 70 años. El mundo, el país, la población, las costumbres, y las necesidades de la gente, han ido evolucionando; y el Estado municipal debe aggiornarse a éstos cambios de paradigmas.
También justificó que el hecho de que el Secretario de Gobierno y Hacienda contrate directamente a su señora esposa para determinados trabajos de comunicación que se llevan a cabo en la Municipalidad, está dentro de sus facultades, excusándose además en que la familiar directa de éste Secretario, por él contratada, ya ha trabajado en gestiones anteriores.
Y aclaró que a ella no le interesan las formas, que “…lo importante es la consolidación que se va logrando del equipo de trabajo”.
Quizá ésta declaración me ha llamado la atención porque estoy acostumbrada a “las formas y formalidades” del Poder Judicial. Pero dejando al margen lo que se conoce como “excesivo rigor formal”, si algo he aprendido en todos estos años como abogada, es que las formas están creadas para “dar garantías”. Las formalidades no siempre son “meros caprichos”. Y las más de las veces, tienen un fundamento.
Así, si el Estado va a llevar a cabo una obra pública que es muy cara, en donde está en juego un caudal importante de fondos públicos, necesariamente debe ir a licitación pública. Y precisamente, la ley obliga a realizar determinadas contrataciones con las formalidades de una licitación pública, porque éste es un sistema de contratación que tiene más etapas de control de una “contratación directa”. Y es lógico pensar que si hay una gran suma de dinero en juego, los controles deben ser mayores.
Por esto las formas sí interesan. No da lo mismo una contratación directa que una licitación. No da lo mismo nombrar a una persona como funcionaria que realizarle una contratación directa. Porque los controles son diferentes, y las responsabilidades de ser funcionaria o contratada, también.
Por eso las “compras o contrataciones directas” deben ser “de excepción”, y no la regla, ya que si bien las contrataciones directas son legales, tienen “mínimos mecanismos de control”.
Dicho todo esto, necesario es aclarar que no está en duda la capacidad de las personas contratadas, contratantes, de las empresas en juego, ni mucho menos se pone en duda la buena fe de los involucrados. Pero sí creo importante que como ciudadanos entendamos que quien ejerce la función pública, NUNCA PUEDE ESTAR, TAMBIÉN, DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR.
Clarisa I. Marano Roude
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