Rechazada su petición de constituirse como “querellantes colectivas” en la causa, Clarisa Marano Roude y Sandra Giovenale habían sido condenadas a abonar honorarios al codefensor de la exadministradora denunciada y ahora imputada, Claudia Lugrín, por su intervención en dos instancias. Hubo urnas, durante toda una semana, dispuestas en unos 20 locales comerciales de la “ciudad jardín”: así lograron reunir un total de $82.802,25, provenientes de vecinos elisenses.
Entretanto, el fin de semana realizaron una venta de masas dulces -todas donadas para contribuir con la causa-, el sábado en plaza San Martín y el domingo en plaza Moreno, con lo cual sumaron $61.630 ($22.500 el sábado y $39.130 el domingo) a la recaudación.
Así, entre ambas acciones, totalizaron $144.432,25 y pudieron cubrir ampliamente los $75.000 que debían abonar a uno de los abogados de la contraparte, tras el revés judicial y su consecuente apelación. Una vez concluido el conteo final, las denunciantes hicieron saber que fueron transferidos los $36.250 que había regulado la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en concepto de honorarios, y que dejaron en depósito -en la escribanía interviniente- la suma de $40.000, a la espera de que Casación Penal de Concordia habilite la cuenta judicial para realizar el pago de los $39.150 restantes.
Por su parte, el sobrante de $68.432,25 que se registró fue donado por Marano Roude y Giovenale a la asociación cooperadora del hospital de Villa Elisa, cuya tesorera recibió el dinero al finalizar el mismo acto.