Lo que sí la sorprendió
De todos modos, admitió: “Sí me sorprendió mucho lo que resolvieron en relación con el condenado Báez porque la decisión es contraria a derecho, se equivocó el Tribunal porque no es una cuestión valorativa allí”.Explicó, al respecto, que “en relación a la prisión preventiva conocemos cómo son estas cuestiones de grado y valorativas, de ponderación que pueden hacer algunos jueces y que luego llevan a que puedan tomar una decisión u otra sin mayores problemas de justificación, eso en cuanto a la decisión de disponer la prisión preventiva para Aguilera y Urribarri”.
“Pero en relación a la ejecución de la pena que tiene impuesta y que está firme el exministro Báez, me sorprendió muchísimo la decisión porque es contraria a derecho y creo que debería ser revisada, porque lo que resolvió el Tribunal no es lo que dice el sistema jurídico argentino”, afirmó.
Sobre el tiempo que lleva ejecutar penas
En tal sentido, evaluó que “en el país tenemos un enorme problema de impunidad relativo a hechos económicos y de corrupción, y la impunidad no se mide solamente en si se llega a condena o no, en Entre Ríos en eso estamos un paso adelante de muchas otras provincias, pero también hay otras dimensiones, y una de ellas es la del tiempo que lleva ejecutar las penas, porqué lleva tanto tiempo disponer que las penas se empiecen a ejecutar, porqué se demoran tanto cierto tipo de decisiones judiciales, como sucedió con esta audiencia que tuvo unos cinco meses de demora, y eso da una sensación de desigualdad”.Aclaró que “hay muchos condenados por delitos comunes que también esperan hasta que se le rechaza el recurso extraordinario para empezar a cumplir la pena, pero hay otros casos donde eso no ocurre y con menos se disponen las prisiones preventivas, en tiempos más cortos”.
Ante ello, opinó: “Creo que en eso es necesario revisar esta postura que ha llevado en los últimos tiempos a considerar que es necesario tres o cuatro instancias judiciales para poder comenzar a ejecutar la pena impuesta”, opinó y marcó que “esto no es lo que dicen las convenciones internacionales, no es una imposición constitucional o convencional, esto es una interpretación que ha hecho la jurisprudencia bajo la idea de que, si todavía hay un recurso, puede haber algún error y como la pena privativa de la libertad es tan gravosa para quien la tiene que sufrir, esperan a dilucidar que no hay un error en todo lo que ha ocurrido”.
El voto de Schumacher que falta
“De este modo, se imponen recursos y más recursos y más recursos, y esto hace que en este momento estemos en cuatro instancias: esta condena pasó por la sentencia condenatoria del Tribunal de Juicio y la confirmó la Casación, eso es lo que obligan las convenciones internacionales en lo que se llama doble conforme, y después empezó la instancia de recursos extraordinarios que no tienen que ver con el hecho, con la valoración de la prueba en sí misma”, comentó luego.Dijo que, lo que ha seguido, son “motivos extraordinarios, son los recursos ante el Superior Tribunal provincial que ya fue denegado, ya le dijeron que no tienen razón. Ahora están a la espera que se conceda o no el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo debe decidir la Sala Penal”, precisó y agregó: “tengo entendido en esto que están esperando el tercer voto de la doctora (Gisela) Schumacher que es quien va a dirimir si se concede o no ese recurso extraordinario ante la Corte”.
“Lo razonable es que se lo denieguen porque procede solamente por las mismas razones por las que procede el recurso extraordinario local al cual ya le dijeron que no procede, con lo cual sería absolutamente incoherente y ahí sí estaríamos hablando de una doble vara y de una arbitrariedad si le dicen que no procede acá, pero por las dudas se lo dan para que vaya a la Corte, donde además estaríamos hablando de tres o cuatro años más de espera para que se ejecuten las penas”, explicó.
Reiteró que “resulta inexplicable que hayan resuelto no disponer la prisión respecto de Báez, y el argumento que tienen es que, como Báez está condenado junto a otras personas y esas personas tienen un recurso pendiente (el recurso extraordinario federal), también lo tiene Báez”.
“Hay una regla que implica el efecto de comunicación, pero es un efecto posterior; por ejemplo, si el recurso se abriera y la Corte dice que la prueba es inválida y las personas están mal condenadas, por supuesto que eso se extiende a todos. Lo que sucede es que acá estamos ante un recurso interpuesto y no concedido, con lo cual eso no puede funcionar de ante mano, eso funciona después. Los otros recurrieron por su situación, la Sala Penal ya dijo que la sentencia en relación a Báez está firme y todo lo demás que pueda decirse es incorrecto, porque si está firme, tiene que ejecutarse, y acá sí tenemos una doble vara respecto de todo el resto de los ciudadanos de las Unidades Penales entrerrianas, donde la firmeza de la sentencia implica la ejecución de la pena sin necesidad de ninguna audiencia. Cuando una sentencia queda firme no se hace una audiencia para discutir si la persona tiene que ir detenida, los jueces ordenan su detención directamente. En relación con Báez la firmeza de la sentencia fue afirmada por la Sala Penal hace cuatro meses y todavía no se ha empezado a ejecutar, y encima ayer sacaron esta resolución absolutamente sorprendente, fuera de contexto, que no se comprende de dónde lo sostienen argumentalmente para decir que se puede beneficiar con un recurso que ni siquiera está concedido”, advirtió.
Impunidad prolongada, mensaje desalentador
En este contexto, Goyeneche lamentó que “es preocupante que los jueces no tomen noción, de que en esta burbuja en la que se desenvuelven algunos magistrados no tomen noción de lo que significa socialmente este tipo de decisiones. Hoy tenemos un Presidente que ganó con un mensaje anti casta que puede conformar o disconformar, pero el sentido de esto también tiene que ver con estas cuestiones, de pensar en que algunas personas que han tenido o tienen posición de poder mantienen un privilegio constante en virtud de que se mueven en determinados círculos”.“Decisiones como las de ayer que siguen prolongando la situación de impunidad, dan mensajes que a la ciudadanía común la desalientan mucho y deterioran nuestra democracia y nuestras condiciones de convivencia institucionales, dejamos de creer que institucionalmente hay algo para hacer para mejorar las cosas, dejamos de creer que vale la pena seguir colaborando. Eso es muy preocupante porque este deterioro de la imagen institucional y de la fe en las instituciones fue incrementándose en las últimas décadas exponencialmente”.
“Por otro lado, para los delincuentes de la corrupción y los potenciales corruptos es un mensaje alentador porque no hay ninguna duda de que quien va a cometer un hecho de corrupción evalúa esta situación de impunidad y esta situación de que si, en todo caso, algo le pasara es tan lejano y hay miles de cosas para hacer antes, y que finalmente nadie se anima y que todo es puro amague y nada se concreta”, alertó.
No obstante, planteó que “ese mensaje es parcialmente incorrecto, porque creo que esta sentencia condenatoria va a terminar con penas en cumplimiento efectivo, pero la prolongación en el tiempo es desalentadora”. Y remarcó que “dentro del promedio de los tiempos de las causas en Argentina, no es una causa que se haya demorado demasiado en el tiempo, el promedio de demora de las causas de corrupción es muchísimo más alto. Pensemos que la sentencia condenatoria es de 2022 y estamos terminando 2024”.
“Ahora todos los ojos tienen que estar puestos en si se concede o no el recurso extraordinario federal. Si Schumacher y Giorgio en esta posición que marcaría como absoluta e inexplicablemente incoherente decidieran votar por la concesión del recurso extraordinario federal, cuando en la sentencia anterior dijeron que no correspondía abrir el recurso extraordinario provincial, estaríamos en una situación donde los tiempos serían muchísimo más largos”, advirtió.
La decisión de disponer las preventivas, “muy justificada”
Respecto de los magistrados que tomaron la decisión, Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, Goyeneche afirmó que “el problema es la tradición jurisprudencial en Argentina sobre la prisión preventiva; Castagno es una buena jueza, es una persona absolutamente honesta y tengo absoluta confianza en eso, puedo estar en desacuerdo con alguna decisión y estoy plenamente en desacuerdo con la forma en que resolvió ayer la no ejecución de pena para Báez, pero entiendo que se amparó un poco en lo que viene siendo la postura de alguna jurisprudencia provincial respecto de la prisión preventiva. La Sala Penal en esto ha marcado la idea de que la pena no se debe ejecutar y que debe esperarse al rechazo del extraordinario federal, y por eso entiendo la decisión de Castagno y no me sorprende”.De todos modos, apuntó que “la decisión de disponer las prisiones preventivas estaba muy justificada en este caso porque los mismos jueces dicen que hay riesgos de fuga, y yo creo que también hay riesgo de entorpecimiento lo que queda demostrado en las denuncias infundadas, arbitrarias y con toda una serie de despropósitos que hicieron en Buenos Aires contra casi todos los que intervinieron en la causa. Disponer las prisiones preventivas hubiera estado bien fundado, pero de todos modos hubiera sido romper con el molde que indica que se debe seguir esperando”.
Finalmente, sobre los pasos futuros Goyeneche explicitó que “en un caso común, en el 100% de los otros casos, lo que sucede si se rechaza el recurso extraordinario federal, la Sala Penal dispone lo que se llama la bajada de autos, es decir que baja el expediente a la Cámara que condenó y desde allí se disponen las detenciones sin ninguna audiencia. Aquí si eso llega a pasar vamos a ver una serie de espasmos, actuaciones virulentas en la prensa, denuncias y pedidos de audiencia que habrá que ver cómo terminan. Pero si esto fuera una causa común, directamente se dispondrían las detenciones”.
