Un nuevo NODIO
Esta semana, el Gobierno Nacional anunció que va a impulsar un proyecto para “regular el uso de las redes sociales”. El vocero fue Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de Alberto Fernández, quien anunció que se trata de “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. La noticia no tardó en generar una señal de alarma en las entidades periodísticas que ven en la propuesta una nueva versión de NODIO, el observatorio creado por el Gobierno para “perseguir a quienes originan campañas de desinformación”. El reciente anuncio ya provocó una catarata de reacciones y manifestaciones de alerta por parte de diferentes entidades relacionadas al periodismo y la libertad de expresión.¿Marcha atrás del Gobierno?
Al igual que con otras iniciativas que desatan una rápida controversia, rápidamente el Gobierno Nacional salió a aclarar que la propuesta “no se presentará como proyecto de ley”. Además, precisaron que “No lo estamos haciendo solos -dijo Béliz- sino que hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas”. Y aclaró que “No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional. Pretender cualquier otra interpretación es algo alejado a la verdad de lo que estamos realizando con seriedad y profesionalismo".A pesar del intento oficial por explicar la propuesta, las expresiones que constan en el borrador de la iniciativa mencionan acciones para “desincentivar las prácticas vinculadas a la desinformación y los discursos de odio”. La ausencia de precisiones sobre estos “desincentivos”, las entidades periodísticas salieron al cruce de la propuesta.
“Un riesgo para la libertad de expresión”
Entre las advertencias expresadas ante el proyecto oficial, la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) manifestó que “observa con preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también advirtió que “este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión”. La entidad también alertó que “no es atribución de organismos del Poder Ejecutivo auditar, restringir o sancionar las expresiones de los ciudadanos”. Fopea también recordó otros antecedentes similares impulsados por el Gobierno de Alberto Fernández y remarcó que “con la excusa del combate a la desinformación, estas iniciativas pueden desembocar en persecuciones y hostigamientos a voces disidentes”, alertaron.Una perspectiva peligrosa
Son varios los gobiernos de la región y del mundo que han promovido regulaciones para monitorear, sancionar y perseguir expresiones en redes sociales. Las advertencias sobre los severos riesgos a la libertad de expresión que implican estos proyectos han frenado o limitado muchos de esos alcances. Sin embargo, el tema parece ser recurrente para el Gobierno de Alberto Fernández. En abril de 2020, la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic había anunciado la implementación de un ciberpatrullaje sobre las redes sociales para “tomar conocimiento del humor social”. En octubre de ese mismo año se creó NODIO, el observatorio para la “persecución del origen de las campañas de desinformación”. En el medio, la propuesta legislativa del kirchnerismo en el Senado finalmente convirtió en ley en 2021 una iniciativa que condiciona la distribución de publicidad oficial a la obtención de un certificado del Gobierno que acredite el uso del lenguaje inclusivo o la implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género. Una iniciativa en esa misma línea fue abortada en la gestión del intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, que buscaba condicionar el reparto de publicidad oficial a cambio de capacitaciones en temáticas de género para los periodistas.Como se ve, no se trata de una propuesta aislada sino de un cúmulo de iniciativas que en todos los casos ponen foco en la labor de los medios de comunicación o las herramientas de expresión de los ciudadanos que intentan ser monitoreadas y controladas por agentes del Gobierno.
