Si bien Lijo obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y el pliego está en condiciones de debatirse en el recinto, el escándalo en torno a la difusión de la criptomoneda fantasma por parte del presidente Javier Milei trucó su tratamiento.
Se trata de un nuevo traspié del Gobierno, que ahora tiene dos opciones para insistir con el nombramiento de Lijo: podría volver a intentar la aprobación del pliego en el período de sesiones ordinarias, a partir del 1° de marzo; o avanzar en el nombramiento por decreto, en comisión por un año. En caso de tomar esta última opción, el Poder Ejecutivo tiene cinco días para hacerlo, ya que la Constitución establece que solo se pueden designar funcionarios que requieren acuerdo del Sendo en comisión siempre y cuando el Congreso esté en receso.
En cualquier caso, la candidatura de Lijo está rodeada de controversias desde que el presidente Milei lo propusiera para ocupar la vacante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema.
Treinta y tres impugnaciones sumó el juez federal. Entre ellas, una del procurador general Jorge Amílcar Luciano García, a la que accedió Página Judicial y que firmó, no desde su rol institucional, sino como “como catedrático de Derecho Penal por concurso en la UNL (Universidad Nacional del Litoral), desde hace muchos años, es decir, dentro del plano estrictamente académico y de ciencia del Derecho Penal”.
Sin embargo, más allá del esfuerzo por despegar su impugnación de su rol de procurador, García es una figura central en el sistema penal entrerriano. Es quien decide la política criminal y, sobre todo, administra un nivel de información (pruebas) capaz de empujar a funcionarios de distintos niveles a lugares remotos.
García, además, goza de un reconocimiento jurídico-académico que trasciende la comarca y ha explicitado su sintonía con juristas que en la grieta son señalados como garantistas. Ha firmado solicitadas en defensa de Daniel Rafecas, se jacta de tener un vínculo fluido con Eugenio Zaffaroni, cuestionó públicamente las presiones contra Alejandra Gils Carbó para que renunciara y se permite tomar distancia de ciertas prácticas deleznables de Comodoro Py, como aquella vez, en un acto de jura de fiscales, donde aseguró que “nunca se va a ver (en la provincia) a alguien sacado a la noche en piyamas”, en una referencia ineludible a la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Eso no impide, sin embargo, que cerca suyo haya funcionarios que llaman antes a periodistas que a las partes para informar sobre cualquier resolución. García, jefe de los fiscales, hace equilibrio en ese delicado trapecio.
Pues bien, en la nota remitida a la Comisión de Acuerdos, García se despachó duramente contra Lijo diciendo que “el candidato adolece de la optimalidad científica y académica para ocupar el sitial del más alto tribunal de la Nación” y sigue: “No registra actividad académica alguna, ni tampoco publicaciones científicas de alguna relevancia, y ni siquiera posee trayectoria en la magistratura que pudiese enmendar aquella falencia, ya que su cargo, en el antiguo sistema procesal penal mixto, es el de Juez de Instrucción, rol limitado a la fase preparatoria del juicio oral, es decir, sin experiencia en teoría de la decisión judicial fruto del debate oral, ni tampoco como tribunal de impugnación”.
“Con tan pobre bagaje académico, sin contar con el déficit en materia convencional que significa no haber postulado a una candidata mujer, en abierta contradicción con el ya decisivo avance cultural igualitarista, la postulación referida representa un baldón institucional que entendemos el Honorable Senado no puede convalidar, pues significa retroceder a tiempos obscuros”, disparó García sin ambages.
En el cierre dejó un mensaje para los senadores: “Es una exigencia de moral crítica que en una República quienes juzgan desde el más alto sitial institucional sean los mejores”, dando por sentado, a estas alturas claramente, que Lijo no lo es.
