Sucesivos comunicados a la prensa, numerosas presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal, apelaciones a negativas de querellas colectivas, una concentración y hasta una venta de masas dulces para solventar honorarios de la contraparte tras un revés judicial, formaron parte de su derrotero en los últimos 12 meses.
Un itinerario que comenzó cuando habrían intentado cobrarle por el oxígeno suministrado a su padre, tras una internación por COVID-19 registrada en abril de 2021, en el Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón).
Abogada, de esas que “no dejan pasar una”, Marano Roude decidió accionar con notas y pedidos de acceso a la información pública al gobierno provincial, con lo cual corroboró su sospecha acerca de que esos “pedidos de colaboración” -en concepto de distintas prestaciones médicas- no estaban contemplados.
-Las versiones que se tejieron a partir de la trascendencia de la denuncia y el seguimiento de la causa, fueron infinitas: desde intereses políticos, hasta cuestiones personales. ¿Cuál es tu verdadera motivación?
-He escuchado varias versiones al respecto, pero sinceramente no sé en qué se sustentan quienes comentan eso, porque realmente no hay ni lo uno ni lo otro como trasfondo.
En primer lugar, me parece irrisorio plantear un interés político cuando yo ni siquiera vivo en la ciudad, ni en la provincia; no estoy ocupando ningún cargo político y tampoco trabajo para ningún político. En segundo lugar, también es disparatado sostener que hay cuestiones personales, primero porque no fui la única denunciante y segundo porque ni siquiera conozco personalmente a Claudia Lugrín (la administradora denunciada).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que hacer una denuncia trae aparejadas una serie de responsabilidades, entonces no se trata de denunciar por denunciar, sin sustento o por mero capricho. Nosotros hemos denunciado con mucha evidencia y con mucha prueba como respaldo.
Mi única y verdadera motivación fue que suceda lo que finalmente terminó sucediendo, que lo dimos a conocer el pasado 28 de mayo: que la gente pueda ir al hospital a atenderse y que no le cobren por prestaciones que son gratuitas, que haya un manejo de fondos transparente y que el hospital deje de ser una salita de primeros auxilios para convertirse en un hospital público donde la respuesta no sea solamente una derivación.
-A un año de la denuncia, con una serie de delitos imputados a la exadministradora y ampliado el período de investigación, ¿qué considerás que falta en esta instancia?
-El hecho que hayan ampliado hacia 2012 el período de investigación me parece una decisión acertada de la Fiscalía, porque realmente hay evidencia para investigar al menos hasta ese año y justamente era lo que veníamos reclamando.
Esto es importante, porque el delito que están imputando, de exacciones ilegales, además de la pena de prisión y la de inhabilitación para ejercer cargos públicos, prevé una pena de multa, que es de dos a cinco veces el monto de la exacción, por eso es necesario saber de qué cifra estamos hablando.
Y, además, porque anhelo que, si se comprueba que ese dinero no se volcó en las arcas estatales, se recupere y puedan realizarse obras o hacerse frente a una serie de obligaciones que tiene el Estado.
También porque recuperar el dinero mal habido es la única forma de disuadir que se cometan actos de corrupción, sabiendo que si la persona es condenada, no se quedará con el producto del delito, sino que lo tendrá que devolver.
-En su momento, planteaste que la Unidad Fiscal de Colón había tardado en actuar. ¿Creés que esa “reacción tardía” generó algún tipo de perjuicio en lo que hoy es la causa?
-Por supuesto, creo que la reacción tardía generó perjuicios irreparables. Esto lo sostuve públicamente en su momento y también se lo hice saber a los fiscales cuando tuve oportunidad. En general, reaccionar tarde en causas penales suele tener efectos adversos y nocivos en una investigación.
Lo primero que uno debe hacer cuando tiene noticia de algún delito es proteger toda la prueba necesaria, lo que se dice resguardar la escena del crimen: intentar que no haya interferencia de nadie, para que el escenario donde se cometió el delito no se modifique y, de esa forma, asegurarse que evidencia que puede ser relevante para esclarecer los hechos, no sea modificada ni destruida por nadie, que no te planten pruebas, etcétera.
En este caso, además del allanamiento que nunca se hizo, tampoco se secuestraron computadoras ni teléfonos, que podrían llegar a haber contenido audios o mensajes de WhatsApp para probar lo denunciado.
Entiendo que la Fiscalía parte de la base que todos los pagos que se realizaban a la administradora estaban registrados o que al menos se hacía entrega de algún papel. Y lo cierto es que algunas personas nos han contado que realizaron pagos a la administradora, pero que no les entregaron nada, ningún papel. Entonces, la forma de corroborar la existencia de esos pagos no registrados y sin ningún papel de respaldo sería, por ejemplo, a través de audios o mensajes de WhatsApp, sumado a la declaración que brinde cada testigo que pagó, incluso anotaciones que podrían haber existido en algún Excel guardado de las computadoras del hospital.
Muchas personas me dicen “a mí me cobraron y pagué, pero no tengo nada de prueba, porque no me entregaron ningún papel”. Pero el hecho de que no haya ningún papel no significa que el delito no haya existido: hay diversas formas de probarlo. En este punto, creo que la tardanza de la Fiscalía en actuar, en allanar, secuestrar documentación, computadoras, teléfonos, etcétera, sí perjudicó a la investigación.
Si no, fijate lo importante que fue en el megajuicio donde se condenó a Urribarri, el famoso disco rígido encontrado en un allanamiento con información de fundamental importancia, no solo para la investigación, sino posteriormente para la condena.
Y sostener esto, de ninguna manera significa un ataque a la Fiscalía. A mí no me interesa atacar a los fiscales, como desde la Unidad Fiscal de Colón han deslizado, de hecho me gustaría hacer un trabajo más en conjunto porque entiendo que tiramos para el mismo lado y que tanto ellos como yo queremos que los hechos se esclarezcan. Pero tampoco me voy a quedar callada en lo que considero que fue un error grosero.
-A la par de estas diferencias con Fiscalía, también las hubo con la Justicia cuando, como denunciantes, intentaron constituirse como “querellantes colectivas”. ¿Cuál es tu visión externa sobre el Poder Judicial de Entre Ríos y, en función de ello, qué esperarías que suceda en un eventual juicio?
-Mi experiencia no fue de lo más feliz. Al margen de la decisión que hayan tomado los jueces, que si bien no comparto, la respeto; creo que el trato que hemos recibido como denunciantes, víctimas colectivas y, en mi caso, como particular damnificada, no ha sido bueno.
En Entre Ríos, al menos desde mi experiencia y aclarando que no conozco todas las jurisdicciones ni de qué forma trabajan todos los jueces de la provincia, falta una mirada más compasiva hacia la víctima, escucharla más, ponerse en su lugar, hacerla más protagonista del proceso penal. El trato de la Justicia hacia la víctima debería ser bastante más ameno de lo que es: me parece que falta humanizar un poco más la Justicia y esa humanización, necesariamente, viene de la mano de la humanización de quienes la ejercen.
Y de un juicio espero una condena. Conozco de derecho penal y sé que hay pruebas para lograr una condena en un juicio oral.
-¿Ves posible la celebración de un acuerdo de juicio abreviado -en el cual el acusado admite la comisión de los delitos que se le imputan- o, por el contrario, cómo verías que este caso sea juzgado por un jurado popular?
-Muchas veces, en casos de este tipo, la solución termina siendo un juicio abreviado. Pero ese es un tema que deberá evaluar la imputada con su abogado defensor.
Sin perjuicio que la ley entrerriana no prevé la realización de un Juicio por Jurados en delitos contra la administración pública, particularmente creo que sería muy interesante que este tipo de casos culmine con el veredicto de un jurado popular.
Confío plenamente en la participación ciudadana en la Justicia.
-¿Flaqueaste o pensaste en soltar la causa en algún momento? A esos reveses, que también significan tiempo y dinero, hay que sumarle la partida de la doctora Analía Fernández, otra de las denunciantes y un pilar en todo esto...
-La partida de Analía fue un golpe muy duro, no solo en lo que representa la causa, sino a nivel personal. Hemos forjado una amistad y realmente nos queríamos mucho. Su pérdida implicó para mí mucho sufrimiento, dolor y aprendizaje.
Siempre lo digo: ella es mi estrella guía. Luchó con tanto convencimiento por esta causa, estuvo tan comprometida, que no se nos ocurre abandonar la lucha ahora, mucho menos, por ella.
Y claro que significa tiempo de dedicación y hasta dinero, me lo he replanteado muchas veces, pero siento que esto le da otro sentido a mi carrera, para lo que estudié. En un punto, me reconforta mucho poder poner los conocimientos adquiridos en años de estudio y mi experiencia, al servicio de mejorar la realidad. Encuentro allí el verdadero sentido de las cosas.
Los más perjudicados con la privatización de la salud pública, que en definitiva era lo que pasaba en el hospital, es la gente que menos recursos tiene. Entonces, es muy reconfortante saber que ahora pueden ir al hospital y son atendidos gratis, sin temor de que se los llame por teléfono y tener que hacer una vaquita entre familia para pagar lo que se les cobraba desde la administración.
-En lo personal o profesional, ¿sentís que debiste pagar algún precio por haberte puesto la causa al hombro e involucrado tanto?
-He pasado por distintos estadios a lo largo de este año, pero tanto personal como profesionalmente he crecido y aprendido muchísimo. Claro que hubiera sido más fácil denunciar y dejar que la Fiscalía investigue y listo, pero no me arrepiento de haberme puesto al hombro la causa y de haberme involucrado de la forma en que lo hice, porque sé que esa fue la única manera de conseguir lo que se consiguió hasta ahora. Hemos logrado que se impute, que se amplíen los períodos a investigar, que se produzcan pruebas que hemos propuesto, en definitiva, que la causa avance.
-¿Qué esperás de todo esto, Clarisa?
-Como te dije, espero que se realice un juicio próximamente, no en dos o tres años, sino próximamente. Y también espero que esto sea ejemplificador y disuasivo para los funcionarios públicos que se vean tentados a meter la mano en la lata: es la oportunidad de que la Justicia colonense y de Concepción del Uruguay tiene para dar un mensaje en ese sentido.
Dos investigaciones en marcha
A un año de iniciada la Investigación Penal Preparatoria, la única imputada por la Unidad Fiscal de Colón es Claudia Lugrín, quien se desempeñaba como administradora del hospital de Villa Elisa.“PECULADO, EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN –58 Hechos–, y NOMBRAMIENTO ILEGAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO”, son los delitos que se le atribuyen (todos imputados en concurso real, en calidad de autora material, presuntamente cometidos entre los meses de enero de 2020 y mayo de 2021, aproximadamente). En tanto, una hermana y una sobrina de la exadministradora -se trata de Lourdes Lugrín y Mariana Mena-, que cumplen funciones en la misma área, fueron citadas a nombrar abogado defensor, dado que desde Fiscalía entendieron que podrían llegar a tener algún tipo de responsabilidad en lo que se está investigando.
La misma suerte corre quien ejercía la dirección del nosocomio, la médica Graciela Ingold: sin estar aún imputada, debió designar abogado. Si bien había presentado la renuncia un año antes, su dimisión al cargo fue aceptada pocos días después de que se radicara la denuncia, justo antes de que la misma saliera a la luz. Previamente, y como resultado de un informe de auditoría contable, el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud instruyó una información sumaria sobre las hermanas Claudia y Lourdes Lugrín, trámite que ingresó el 15 de marzo pasado a la Dirección de Sumario de la provincia, dependiente de la Fiscalía de Estado.
